De los 40 inmigrantes subsaharianos que arribaron el pasado martes en una patera a playa de Montaña Arena, en San Bartolomé de Tirajana, a tres no se les aplicará la legislación que les supone, al resto, la expulsión. Estas tres personas, que se encuentran en un caso excepcional, son la niña de tres años, su madre y la mujer que está embarazada, según indicaron a este periódico responsables de la investigación. La circunstancia especial y particular de cada una evitará la expulsión, circunstancia que en todo caso debe refrendar el juez y de la Fiscalía de Menores.
La menor y su progenitora pasaron ayer el primer día en tierras canarias en un centro de menores, con carácter provisional hasta que pasen a disposición judicial, y probablemente en el futuro podrían continuar en unas instalaciones de la misma índole, como determinen la Fiscalía de Menores y la autoridad judicial.
Por su parte, la mujer embarazada fue trasladada la noche del martes al Hospital Universitario Materno Infantil, en la capital grancanaria, donde ha pasado el reconocimiento médico para conocer su situación médica en su estado de gestación.
El resto de los irregulares que fueron atendidos en Montaña Arena por Cruz Roja estaban ayer en el Centro de Salud de Maspalomas. Lo más probable es que a lo largo del día de hoy sean trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, donde se procederá a su identificación para determinar, entre otras cuestiones, su nacionalidad.
Después, ya terminada la identificación, pasarán en las próximas semanas a disposición judicial que determinará muy probablemente la expulsión y envío de vuelta en avión a Mauritania, de donde partió la embarcación que arribó a las costas del Sur grancanario.
El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Tal y como explican fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, en el transcurso de ese plazo de 60 días como máximo se determinará si "se les devuelve a su país" o bien "se les pone en libertad, aunque continúan con una orden de devolución abierta que se puede ejecutar en cualquier momento".
Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, y el ingreso y estancia en ellos tiene solamente una finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria.
En particular, el extranjero sometido a internamiento tiene una serie de derechos entre los que se encuentran el de ser informado de su situación; que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud; que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso en el centro y a la oficina consular del país del que es nacional; ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos; o tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente de tal medida y existan en el centro módulos que garanticen que se pueda conservar la unidad e intimidad familiar.
