Augusto Hidalgo aseguró ayer que la rebaja del 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que propone Juan José Cardona, es una medida "despilfarradora" en la que "no se han tenido en cuenta las consecuencias". Una vez más, el alcalde insistió en que esta reducción -que implicaría volver a pagar lo mismo que en 2011, cuando su antecesor incrementó al tasa por imperativo estatal- supone una pérdida de más de siete millones de euros para las arcas municipales. "Nosotros hemos tomado una decisión cuantificada y que, además, es responsable", defendió el regidor con respecto a la iniciativa promovida por su gobierno de bonificar entre el 75% y el 100% del IBI de aquellas personas "que lo están pasando mal".

Durante la presentación de las candidatas a Reina de las Fiestas de los Dolores de Schamann, que tuvo lugar ayer, Hidalgo también instó al portavoz de la agrupación popular a preguntar a las 23.000 familias que podrían beneficiarse de esta bonificación social. "Ya que habla de responsabilidad que les pregunte , porque son las que lo están pasando mal y yo me voy a centrar ahí, sin provocar un agujero a esta administración".

Con respecto a la intención municipal de evaluar la posibilidad de aplicar esta rebaja tributaria viviendas de protección oficial (VPO), propiedad de Visocan -empresa pública del Gobierno canario-, el munícipe aclaró que habrá flexibilidad con el valor catastral -establecido en 20.000 euros- en aquellos casos en los que al que el Gobierno de Canarias se le esté derivando el cobro del IBI -la Administración regional paga por adelantado el impuesto al Consistorio- y los ingresos familiares sean escasos o nulos.

Esto se traducirá en una mayor cantidad de hogares a los que se les podrá aplicar la rebaja tributaria y que, según el regidor, podrían llegar a ser 26.000 -unos 3.000 más de lo anunciado inicialmente, a pesar de que aún no hay nada cerrado-. No obstante, antes de que los futuros beneficiarios perciban el descuento en sus recibos, se realizará un estudio exhaustivo para determinar y comprobar qué hogares pueden acogerse a esta medida que, según calcula el Ejecutivo local, supondrá un coste municipal entre dos y 2,5 millones de euros. "Ayer [por el miércoles] hubo una primera reunión", explicó el alcalde. Pero está previsto que haya más encuentros entre el Consistorio, el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) y la empresa pública de Viviendas Sociales de Canarias para trabajar de manera conjunta.

Y es que muchas de estas VPO superan el valor catastral fijado por el Ayuntamiento en 20.000 euros para poder percibir la bonificación social de entre el 75% y el 100%. Actualmente, estas casas, la mayoría ubicadas en los barrios de Las Torres, Tamaraceite, La Paterna, Ciudad del Campo, Lomo los Frailes o El Lasso; abonan unas cuotas a la Administración local en concepto de IBI que superan los 400.000 euros. Para poder realizar un análisis en el que se precise cuáles de las VPO pueden acogerse a la rebaja, las dos instituciones compartirán las valoraciones que Visocan obtiene cada dos años, tras estudiar los ingresos y rentas de los adjudicatarios de estos hogares.