El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, por segunda vez en menos de dos años, ha descartado que exista fraude en las ayudas concedidas por el Cabildo para gestionar los centros de menores en la Isla, tanto de extranjeros en situación de desamparo como de chicos en régimen de acogida o sujetos a medidas judiciales.
La magistrada María Isabel de Vega rechaza que haya indicios de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental en los convenios suscritos por el Cabildo con las organizaciones no gubernamentales responsables de esos centros durante los años 2008 a 2010. Rafael Ramírez Hernández, exjefe de Asuntos Sociales, denunció por esos delitos a siete altos cargos y funcionarios de la institución insular, pero la juez, tras tomarle declaración a la mayoría de los imputados, considera "erróneos" los datos aportados por Ramírez y desmonta su acusación en un auto de archivo dictado el pasado 24 de agosto.
Entre los denunciados figuran el exconsejero insular Pedro Quevedo, ahora concejal en la capital grancanaria; su entonces director general en Asuntos Sociales, Antonio Gil Díaz; el interventor del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia; el exsecretario Sergio Ramírez Rivero, los jefes del servicio de Menores Francisco Javier Pérez Montesdeoca y Juana María Sánchez Rodríguez, y el funcionario José Juan Marín Hernández. Ninguno actuó de manera arbitraria al aprobar los convenios ni desvió fondos al gestionar las ayudas, según la resolución judicial.
Según el denunciante, entre 2008 y 2010 se produjo un "despilfarro" de dos millones de euros porque se subvencionaron plazas que no se correspondían con las ocupadas de manera efectiva en los centros. Asegura que advirtió de ese sobre coste, pero sus superiores no redujeron el número de plazas concertadas, sino que continuaron con la misma gestión, incluso prorrogaron el convenio de 2010 con un informe en contra de Intervención.
La juez, en cambio, concluye que el denunciante se ha equivocado al cuantificar las plazas y el precio pagado por ellas a las diferentes ONG. Los abonos se realizaron en virtud de las necesidades de cada centro y no sólo se refieren a plazas realmente ocupadas, sino también a las disponibles, es decir, aquellas que deben estar listas para cubrir las necesidades de los distintos regímenes de acogida, entre otras decisiones que repercuten en la entrada y la salida de los menores de los centros. La magistrada, para cerrar ese argumento, aclara que la tabla de ocupación aportada por el denunciante no refleja toda la realidad, pues sus cifras son una media de mitad del mes y no del mes completo.
De Vega destaca que el Cabildo ha fiscalizado la gestión de los fondos al cierre de cada ejercicio, "sin que haya existido una desviación de fondos en las cantidades entregadas", agrega el auto judicial. Tampoco los centros destinaron el dinero a otras actividades y nunca se abrió un expediente de reintegro. Es más. El informe negativo de Intervención no cuestiona el pago por precio-plaza, sino el uso de convenios en vez de contratos públicos. La juez resalta que el "propio denunciante" informó a favor de la prórroga en 2011, tras el cambio de gobierno y la llegada del PP al Cabildo, extremo que omite en su denuncia.
