Urbanismo y Endesa iniciarán el miércoles de la próxima semana las negociaciones para proceder al traslado de la subestación de la Cícer, con el objetivo de dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada el pasado mes de julio, que ratifica la orden de cierre y paralización de esa actividad industrial en la zona, ya que la compañía eléctrica carece de licencia para ello. Así lo informó ayer en la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, quien en respuesta a la solicitud del edil popular, Ángel Sabroso, explicó que la próxima semana se reunirá con el responsable de la dirección de distribución en Canarias de Endesa, Javier Sánchez Paz, para ofrecerle las parcelas municipales que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la compañía como lugar alternativo al de la Cícer para trasladar la subestación eléctrica. Doreste informó también que ha solicitado a la Asociación Ciudadana Recuperar la Cícer, cuya denuncia propició la sentencia firme que obliga a Endesa a abandonar Guanarteme, que no reclamen por ahora al juez la ejecución de la sentencia para propiciar que la negociación se lleve a cabo de manera sosegada y permitir a la compañía una "salida suave" de la zona. "Urbanismo", manifestó el edil, "tiene solares en varias zonas industriales", cuya ubicación no quiso desvelar para "evitar" incrementos de valor en las parcelas privadas aledañas. No obstante, en el anterior mandato se habló de la zona de la carretera de Chile y de las inmediaciones del puente del Rincón, como lugares alternativos.
Doreste no aclaró si el Ayuntamiento se ha marcado un calendario para que Endesa proceda al desmantelamiento de la subestación de la Cïcer. Argumentó que esa cuestión se verá a lo largo de la negociación y, en la línea de lo manifestado por el alcalde Augusto Hidalgo el pasado mes de julio, insistió en que el coste del traslado, cifrado hace unos años en 24 millones, tendrá que ser asumido por la propia Endesa, porque fue la compañía la única responsable de haber iniciado la actividad en la Cícer sin ningún tipo de licencia. Según el tribunal, la planta, que inició su actividad en 1928, está "reconocida como fuera de ordenación", desde el Plan General de 1962 y, por tanto, es ilegalizable.
