La Asociación de Asalariados del Taxi presentó el pasado lunes una nueva denuncia en la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra el Ayuntamiento de la capital grancanaria, por haber dejado en un cajón los cerca de 80 expedientes sancionadores que fueron abiertos en 2010 contra titulares de licencias de taxis, en su mayoría viudas y jubilados, que estaban siendo explotadas por tres floteros de manera irregular. La presidenta del colectivo María Eugenia García Rocha ha solicitado hace unas semanas al nuevo concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, que desbloquee la tramitación de los expedientes cuya tramitación paralizó el Partido Popular (PP). Además ha reclamado a la Fiscalía que obligue al Ayuntamiento a cumplir con su deber y acabe de una vez con las irregularidades que afectan desde hace varias décadas al sector del taxi. En su denuncia a la Fiscalía, García Rocha sostiene que la "pasividad" del Ayuntamiento en este asunto "nos coloca en un escenario presuntamente delictivo", por lo que solicita la "colaboración" al ministerio público para que intervenga e investigue la situación en la que se encuentran los "expedientes administrativos", que fueron abiertos a raíz de la primera operación conjunta realizada por la Policía Local, Hacienda y la Seguridad Social en 2009, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia presentada por la asalariada.
A raíz de esa operación se abrió un proceso penal en el Juzgado de Instrucción número tres, en el que está imputado un flotero y aún no ha concluido. Además hay un segundo proceso penal en marcha, abierto en 2013 por el Juzgado de Instrucción número ocho, tras una denuncia del patrono Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc). En este proceso hay otros siete floteros imputados por presuntos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.
Por otro lado, la Inspección de Trabajo impuso un total de 160 multas por cesión ilegal de trabajadores a los titulares de las licencias explotadas irregularmente y cuatro floteros. La primera sentencia que acredita que hubo cesión ilegal de licencias se dictó el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Social número 9, la jueza ratifica las multas impuestas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social al imponer sanciones por importe de 137.522 euros, de los cuales 68.761 son reclamadas al flotero Oliverio Rodríguez Quintana, que explotaba las 11 licencias, y el resto a los 65 titulares de las citadas paradas (6.251 euros por cada licencia), por haber cometido una infracción muy grave. En el pasado mes de julio se celebró otro juicio, también por cesión ilegal de trabajadores, que está pendiente de sentencia y que afecta, junto a otro que aún no ha tenido lugar, a cerca de 60 licencias que estaban en manos de floteros, cuando la Inspección de Trabajo los sancionó por cesión ilegal de trabajadores. García Rocha resalta, en su escrito a la Fiscalía, que la sentencia del pasado mes de julio del Juzgado de lo Social evidencia, además de su explotación irregular por floteros, que las 11 licencias están a nombre de más de 60 personas, que han sido condenadas por cesión ilegal de trabajadores.
"Consta en hechos probados que la titularidad de las 11 licencias es múltiple", lo que según Rocha constituye "otra irregularidad porque la titularidad de la tarjeta verde que da el Ayuntamiento sólo puede estar a nombre de una persona física".
"La sentencia evidencia", añade la asalariada, "que no se cumple el régimen jurídico de las administraciones públicas", lo que favorece "tramas" como la de los floteros que, "además de incumplir la ordenanza municipal, defraudan a Hacienda y a la Seguridad Social". Según García Rocha, los expedientes sancionadores, cuya tramitación fue paralizada en el anterior mandato, "aún no han prescrito, según me han asegurado miembros de la unidad especial de la Policía Local que los instruyó".
