El Ayuntamiento prepara una inspección masiva de las 1.640 licencias de taxis que hay en la capital grancanaria para acabar de una vez con la gestión irregular de las que están en manos de floteros y erradicar de una vez con este sistema ilegal de arrendamiento. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, advirtió ayer que no va a mirar "para otro lado" y que a partir de ahora se va a exigir a los titulares de licencias municipales de taxis que acrediten que están dados de alta como autónomos y que tienen dedicación plena a la actividad. Tampoco se va a permitir que una licencia esté a nombre de varios titulares, sostuvo Ramírez, quien señaló que todas las irregularidades que han propiciado que centenares de licencias de taxistas jubilados y viudas y herederos -800 según aseguran los asalariados- estén siendo explotadas por floteros, saldrán a la luz en el chequeo exhaustivo de todas las licencias municipales, que se iniciará en breve plazo. El Ayuntamiento tiene previsto firmar un convenio con el Cabildo para formar a un grupo de funcionarios y policías locales, que se encargarán de la inspección.
En cuanto a la denuncia interpuesta por la Asociación de Asalariados del Taxi en la Fiscalía Provincial contra el Ayuntamiento por no haber puesto coto a las irregularidades del sector, Ramírez aseguró que en este momento se están tramitando 172 expedientes sancionadores por la gestión irregular de las licencias, que llevan aparejadas la revocación de la licencia y una sanción de 4.000 euros por falta muy grave, de las cuales 137 fueron abiertos por el gobierno del Partido Popular (PP) en el mandato pasado. Ramírez aclaró que se han revocado ya 36 licencias, cuya materialización está pendientes de que el juez dictamine sobre los recursos presentados por los titulares.
El edil anunció que en breve está previsto que se incoe otra tanda de expedientes sancionadores, cuando la Agencia Tributaria remita los resultados de la investigación sobre licencias relacionadas con el fraude fiscal de los floteros que está a punto de concluir.
Tramitación lenta
Los primeros expedientes sancionadores se abrieron en el mandato del socialista Jerónimo Saavedra, cuando se inició la primera operación contra los floteros. Según los datos facilitados por el concejal, en 2011 se abrieron un total de 66 expedientes, de los cuales hay un grupo de treinta que "se archivaron, unos por caducidad, otros fueron sobreseídos y otros se cerraron por fallecimiento del titular. Este gobierno ha heredado de 2011 un total de 36 expedientes. Uno entregó la licencia, diez están pendientes de que el juzgado declare la firmeza de la sentencia y otros 25, de la resolución del recurso".
En 2014 se abrieron 86 expedientes a otros tantos titulares, que están pendientes de resolución. En febrero de este año se abrieron otros 13 y en marzo 16 más, a medida que Hacienda ha ido remitiendo los datos de su investigación. "Lo que debería avergonzar a los que gobernaron antes el Ayuntamiento", dijo Ramírez, "es que hayan sido una asociación de asalariados y otra de autónomos del taxi los que han estado liderando las denuncias y las investigaciones, mientras el Ayuntamiento miraba para otro lado. Nosotros eso no lo vamos a hacer y además de impulsar todos los expedientes abiertos haremos una inspección documental de todas las licencias. Vamos a solicitar que nos aclaren quien es el propietario, si está dado de alta, si tiene dedicación plena, tal y como exige la ley y como aprobó un pleno por unanimidad en el mandato pasado. Esa inspección nunca se llevó a cabo". El edil nacionalista anunció su intención de modificar la ordenanza del taxi, para que cada licencia sólo tenga un titular, frente a las cinco que aprobó el PP. "Creemos que el Gobierno canario establece hasta cinco licencias por titular, pero no se opone a que sean menos", sostuvo. "Es fundamental", resaltó, "regularizar el sector del taxi. No podemos permitir que se esté haciendo un mal uso de unas licencias que son propiedad del Ayuntamiento y que prestan un servicio público fundamental. Vamos a hacer todos los esfuerzos por regularizar el sector, aunque no va a ser fácil, porque es una forma de actuar que lleva décadas ".
