El Juzgado de lo Social número 10 de la capital anula la sanción de suspensión de empleo y sueldo que la Autoridad Portuaria impuso a José Daniel López, exdirector del Puerto, por las presuntas irregularidades cometidas en la segunda fase del dique de La Esfinge. La sentencia revoca la medida por cuestiones formales, al entender que el órgano portuario no es competente para sancionarlo, puesto que los hechos ocurrieron cuando ocupaba un cargo de confianza como director, y eso no afecta a su contrato como trabajador de la Autoridad Portuaria. El juez, que entiende que la carta de despedido no concreta los motivos por los que se le amonestó, obliga a La Luz a readmitir a López en su puesto de trabajo actual, el de director financiero. Luis Ibarra, presidente del ente, declaró ayer que no comparte la decisión pero la acata. Esta sentencia puede ahora ser recurrida en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Continúan pendientes de resolución las sanciones de otros dos funcionarios, entre ellos Miguel Ángel Larraz, que fue jefe del departamento de Obras y cumple un año de inhabilitación de empleo y sueldo, tras haber sido sancionado por la Autoridad Portuaria.
El propio Ibarra destacó de la sentencia que "el juez no entra a valorar el fondo", y especificó, respecto a la falta de concreción en el expediente sancionador, que "la Autoridad Portuaria argumentó que todas estas actuaciones fueron entre noviembre de 2007 y noviembre de 2011, pero el juez indica que tenemos que aludir a fecha concreta; evidentemente, con un expediente de obra de esta complejidad y que incumplía todos los plazos establecidos, era muy difícil determinar fechas concretas de algunos de los hechos".
Arnaiz y Sánchez-Simón, avales
En mayo, en el juicio celebrado que quedó visto para sentencia, el abogado de López, que reclamó la anulación de los seis años de inhabilitación contra su cliente, centró gran parte de su argumentación en las valoraciones de José Manuel Arnaiz y Javier Sánchez-Simón, ambos expresidentes de la Autoridad Portuaria y vinculados al Partido Popular en el momento de sus nombramientos. Según fuentes presenciales en la vista oral, tanto Arnaiz como Sánchez-Simón avalaron la actuación del exdirector del Puerto.
López intentó probar ante el juez que las anomalías que le atribuía el órgano portuario eran falsas, fundamentándose en que parten de datos erróneos y de mediciones que no se corresponden con la realidad de la obra. El recurrente negó que los excesos de obra detectados pusieran en riesgo las subvenciones europeas y abocaran a una posible devolución, e incluso señaló al actual director del Puerto, Salvador Capella, como principal responsable de los problemas hallados al recepcionar la segunda fase.
Cabe recordar que los trabajos fueron adjudicados en el año 2007 por 46,3 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero. La obra comenzó cuando Sánchez-Simón era todavía presidente de la Autoridad Portuaria, López era director del Puerto y Larraz jefe de Obras. Sin embargo, fue recepcionada por Ibarra, quien remitió a la Fiscalía un informe de Puertos del Estado que denunciaba diversas irregularidades técnicas y contables en la ejecución de la segunda fase del dique.
Luis Ibarra quiso subrayar que "el procedimiento continúa abierto" por la vía penal. "Nosotros nos ratificamos en todas las actuaciones que hemos realizado en la vía penal", aclara el presidente de la Autoridad Portuaria. "Desde que se ha presentado, en los últimos meses hemos indicado al Ministerio de Hacienda que devolvíamos cerca de 13 millones de subvenciones, e incluso el Ministerio de Fomento ha supervisado todo el expediente de contratación y nos ha indicado que las irregularidades detectadas han supuesto unas pérdidas de 13 millones de fondos europeos", agregó Ibarra.
"A pesar de todo este retraso en esta segunda fase", continúa, "el próximo 15 de octubre se va a proceder a recepcionar el contradique; por lo tanto, no hemos llegado a tiempo ante la Unión Europea para certificar el plazo. Porque, aunque hayamos perdido 13 millones, como la inversión al final la hemos empleado en su totalidad, ese importe podemos sustituirlo por otro importe de obras".
Otro asunto judicializado en torno a la segunda fase de La Esfinge es la apertura en mayo de juicio oral contra Miguel Ángel Larraz, por parte del Juzgado de Instrucción número 7, por el accidente laboral en el que murió un técnico en la citada obra.
