El Gobierno tripartito de la capital grancanaria da por zanjada la intervención administrativa de la compañía Emalsa, al negarse a prorrogar la fiscalización cuyo plazo concluye mañana, pese a las advertencias y recomendaciones del penúltimo informe del interventor Rafael Bolívar, en el que advierte de graves incumplimientos. Mientras el Ayuntamiento opta por darle carpetazo a una investigación que ha durado 18 meses, los jueces siguen adelante con dos procesos penales por presuntas irregularidades en la gestión de la compañía mixta del agua, cuyo 34% está en manos del municipio y el 66% restante pertenece a las empresas Saur y Sacyr -Valoriza. En el primer proceso se investiga un presunto delito contra el medio ambiente por vertido de aguas sin depurar al mar y en el segundo se trata de esclarecer un presunto delito societario en el que hay una quincena de consejeros, directivos y técnicos imputados.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número seis está a la espera de que el Ministerio de Fomento remita un informe que le ha solicitado el juez sobre las subvenciones que ha recibido la compañía entre 2007 y 2014. El informe lo ha solicitado el magistrado Luis Galván, a petición de la Fiscalía de Delitos Económicos, con la finalidad de concretar las fuentes de financiación de la empresa mixta, es decir, si ésta tiene otra vía de ingresos además del precio público del agua. Emalsa recibe anualmente subvenciones que ayudan a compensar el gasto del combustible usado para desalar agua, si bien es verdad, que esta ayuda contemplada en el Régimen Económico y Fiscal (REF) se ha reducido de manera drástica en los últimos años.
Informe pericial
Los peritos continúan trabajando en su informe, cuya elaboración se ha retrasado, debido a la lentitud con la que Emalsa ha ido remitiendo la documentación solicitada, que está constituida básicamente por albaranes y facturas. Debido a esta circunstancia, el juez se ha visto obligado a ampliar los plazos previstos inicialmente para elaborar el informe pericial. Cuando los peritos concluyan el trabajo deberán remitirlo a la fiscal delegada en Las Palmas de Delitos Económicos, Eva Ríos, para que se pronuncie sobre el procedimiento y en relación con las imputaciones ya realizadas. Uno de los objetivos de todas estas pesquisas es averiguar si los socios privados han desviado fondos en perjuicio del Ayuntamiento. Entre la documentación que están revisando los peritos figuran los miles de folios que ha remitido el interventor. El otro proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número tres, ha imputado a la compañía y está pendiente también de su resolución. Por su parte, el interventor advierte en su penúltimo informe la "insostenible situación del marco contractual" entre el Ayuntamiento y la empresa mixta y resalta que "se mantienen las incertidumbres sobre la garantía de prestación de los servicios". "Es evidente", sostiene, que "el Ayuntamiento no puede cumplir con la obligación, nunca lo ha hecho de forma adecuada, de supervisar y dirigir la concesión". Pese a las dificultades para obtener los datos, debido a los múltiples "obstáculos" de la compañía, el interventor ha acreditado también el "incumplimiento sustancial del contrato de saneamiento y depuración".
También existen, añade, "posibles cobros indebidos del servicio de depuración en la cuenca de Jinámar", ya que el proceso de purificación lo lleva a cabo el Consejo Insular de Aguas y no Emalsa, que sin embargo, cobra por este servicio a los abonados de varios barrios del Cono Sur y Tafira. Rafael Bolívar destaca también la "insólita pretensión" de los socios privados de cobrar 88 millones de euros por dividendos no percibidos, "sin tener en cuenta que los dividendos han podido quedar enmascarados en el fee de gestión y las subcontrataciones" a las empresas participadas por los socios privados, entre las que destaca Sercanarias. Se denomina fee de gestión, las gratificaciones que los socios privados de la empresa perciben anualmente por aportar sus conocimientos a la explotación del servicio. Los socios privados se repartían por este procedimiento el 2% del volumen de negocio, que suponía hasta 2013, unos dos millones anuales, circunstancia que garantiza el cobro de beneficios, aunque la empresa tenga pérdidas. Bolívar resalta también la "débil reacción" del Ayuntamiento para comprender y abordar los "vicios que afectan a la gobernanza de la política hidráulica municipal, derivados de la gestión mediante una empresa mixta". La respuesta del Gobierno tripartito ante este demoledor informe ha sido no prorrogar la intervención, que el alcalde Augusto Hidalgo ha calificado de una "farsa" y una puesta en escena del anterior regidor, el popular Juan José Cardona. Hidalgo se basó para tomar una de las primeras decisiones importantes de su mandato en que se dejó sólo al interventor y no se pusieron a su alcance los medios adecuados para que hiciera bien su trabajo. Hidalgo ha criticado esta falta de medios, que reconoció Bolívar, pero en lugar de facilitarlos ha optado por acabar con la intervención. A juicio del regidor, el Ayuntamiento será capaz de "controlar" a Emalsa desde un consejo de administración en el que la parte privada tiene la mayoría. El PP cree que el tripartito ha optado por "mirar para otro lado" y advierte que el gobierno puede incurrir en prevaricación si no corrige los incumplimientos que ha puesto de manifiesto la intervención.
