La intervención en Emalsa que puso en marcha el anterior grupo de gobierno de la capital para ejercer un mayor control técnico de la compañía expiró ayer, a pesar de que Rafael Bolívar, máximo responsable del equipo insertado en la empresa mixta, ha advertido de hasta 14 posibles incumplimientos e irregularidades en la gestión por parte de los socios privados: Saur y Valoriza-Sacyr. El tripartito, con el socialista Augusto Hidalgo a la cabeza, decidió no prorrogar la intervención, al considerar que esta herramienta impuesta por su antecesor, Juan José Cardona, fue una "farsa". Tanto el alcalde como el concejal de Aguas, Roberto Santana, y los socios de gobierno, LPGC Puede y NC, creen que podrán vigilar el cumplimiento de los contratos y los términos de la concesión desde el Consejo de Administración.
Bolívar entregó ayer al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un quinto y último informe en el que advierte de que el modelo contractual que se acordó en 1992 no defiende el interés general y propone revisarlo. El técnico duda de que esté garantizado el servicio, tal y como está formulada la concesión y por los sucesivos incumplimientos por parte de Saur y Valoriza-Sacyr. Tampoco ve claro que se justifique su coste, ni que se respeten la regulación y ni la conservación del medio ambiente. En definitiva, para él, "Emalsa ha gestionado durante 22 años 1.000 millones de euros sin supervisión ni control eficaz del titular del servicio". El funcionario afirma que los socios privados han ejercido su labor a su "libre albedrío". Por eso no encuentra "razonable que se facturen los aproximadamente 1.500 millones que corresponden a los 28 años de concesión restantes en las mismas condiciones".
Z Bienes cedidos
El interventor considera que la "utilización de bienes demaniales" de la capital grancanaria para su uso en Santa Brígida y la Autoridad Portuaria, donde Emalsa también gestiona el servicio, "se ha realizado sin la preceptiva autorización municipal, que debería regular, al menos, el impacto de dichos servicios en el desgaste y amortización del patrimonio municipal propio".
Z Depuración
El informe tacha la facturación de Emalsa como "confusa" y afirma que "no permite justificar los gastos", y lo hace en base al cobro de la tasa de depuración, tanto a los vecinos de Jinámar, cuando es el Consejo Insular de Aguas quien depura sus aguas; como a los de Santa Brígida, cuando ya se ha detraído a los de Las Palmas de Gran Canaria, porque sus aguas se tratan en las instalaciones de Barranco Seco.
Z Obstáculos a la información
Bolívar y el resto de los miembros del grupo de control acusan a Emalsa de poner "trabas a la obtención de información que permita acreditar los servicios prestados" por Sercanarias en relación al contrato de saneamiento. De hecho, el anterior grupo de gobierno popular, se negó a pagar a la filial de Saur y Valoriza-Sacyr hasta que no justificara las facturas. La deuda asciende ya a 15 millones, pero, según Bolívar, la compañía prefiere dejar de cobrar ese montante antes que dar explicaciones de sus labores como adjudicataria del saneamiento de la ciudad.
Z Cartografía errónea
También en relación al contrato de saneamiento, los técnicos advierten de "errores de bulto de su base cartográfica, lo que limita su utilidad como herramienta de diagnosis, planificación y gestión".
Z Balances que no se hacen
Es imposible evaluar el funcionamiento del sistema de saneamiento, diseñar una estrategia eficaz para abordar los vertidos industriales a la red, y otras funciones sin lo que los funcionarios llaman "balances hidráulicos".
Z Limpieza deficiente
El documento entregado ayer por Rafael Bolívar al Ayuntamiento acusa a Sercanarias de abandonar la limpieza programada de la red de saneamiento. El informe asegura que esta labor se realiza "a golpe de incidencia". El concejal de Aguas, Roberto Santana, recordó ayer que el contrato de saneamiento se adjudicó a Sercanarias (filial al 50% de los socios privados) con la oposición del entonces alcalde Jerónimo Saavedra y de los tres concejales socialistas que formaban parte del Consejo de Administración. En cuanto a la posibilidad de rescindir ese contrato, el edil señaló que es partidario de que se realice un concurso público para ese tipo de concesiones, pero que aún no se puede romper el acuerdo con Sercanarias, puesto que dicho contrato se encuentra inmerso en un proceso judicial.
Z Emisarios sin supervisión
Otro de los incumplimientos detectados por el ya exinterventor y su equipo tiene que ver con el mantenimiento de los emisarios submarinos. Sobre el del teatro se dice que "no ha sido eficaz", por ejemplo.
Z Galerías ruinosas
Las galerías de servicio están en un estado "próximo a la ruina". "No se han acreditado ni los gastos de mantenimiento, ni su eficacia". Eso ha obligado a que, en estos momentos, se estén llevando a cabo labores de apuntalamiento y refuerzo "en diversos tramos".
Z Vertidos
En cuanto al "incumplimiento del contrato de depuración" se especifica en el informe que "la cantidad de agua residual vertida al mar sin depurar desde el año 1998 asciende a 117 millones de metros cúbicos frente a los 171 millones de metros cúbicos de aguas depuradas".
Z Lodos
Además de los vertidos, y también con respecto a la depuración, se considera que la gestión de los lodos requiere de "una calificación técnica y jurídica específica".
Z Incremento de la tasa
Bolívar explica que la petición del incremento de la tasa de depuración por parte de Emalsa en casi un 70% no está justificada, cuando no se aporta "un solo dato relativo a los ingresos obtenidos a lo largo de los años y su reparto entre Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria.
Z Subcontratación irregular
El interventor habla de "subcontratación irregular de Sercanarias". En la opinión de la Unidad Técnica del Agua se trata de una "contratación irregular", puesto que dista mucho de poder considerarse como contratación de prestaciones accesorias, al realizar la filial la "mayor parte" de las obligaciones derivadas del contrato de saneamiento.
Z Fondo de reposición
Hay también un "incumplimiento de la cláusula concesional 9.7 relativa a la dotación del fondo de reposición". Es decir, las instalaciones no están en el estado que se encontraron cuando se adjudicó el servicio.
Z El cobro de dos millones
A Bolívar no le parece justificado el cobro de dos millones anuales por parte de los socios privados por su gestión de la compañía de aguas, el llamado management fee.
