UGT anunció ayer que llevará al juzgado la privatización de la atención de las llamadas de emergencia que prepara el Gobierno tripartito.
El secretario de UGT en la Policía Local, José Antonio Alonso, denunció que la externalización del servicio se está llevando a cabo "sin negociación previa con los sindicatos representativos del sector que nos enteramos por la prensa". Calificó el concurso de "dudosa legalidad", ya que permite manejar a una empresa privada "bases de datos policiales y casos personales de ciudadanos. "Pretenden gastarse más de dos millones en hacer la misma labor que el 112 y eliminan la experiencia profesional de policías locales y bomberos que, al atender las llamadas, resuelven la mitad de las mismas. Las carencias que hay no se resuelven privatizando", dijo.
