El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reforzado el Juzgado de Instrucción número 8 de capital grancanaria para que saque adelante la causa contra Miguel Ángel Ramírez. El empresario está imputado por un supuesto fraude a Hacienda y la Seguridad Social relacionado con el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores camufladas en dietas, según los informes de ambos organismos, los cuales han inspeccionado los ejercicios económicos de 2008 a 2013 y atribuyen a Seguridad Integral Canaria más de 20 millones de euros en cuotas presuntamente defraudadas.
El juez de refuerzo fue asignado al Juzgado que dirige Victoria Rosell antes del verano, después de que la fiscal delegada en Las Palmas de Delitos Económicos, Eva Ríos, elevara una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el retraso injustificado en la tramitación del proceso penal, entre otras anomalías que atribuye a la instructora, como la demora de un año en resolver un recurso de reforma, la amenaza de presentarle una querella por obstrucción a la justicia o las faltas de respeto que ambas se achacan en una reunión celebrada en el despacho de la juez el pasado 28 de abril.
El CGPJ, tras recibir la queja de la fiscal, abrió un expediente informativo y pidió explicaciones a la magistrada, que respondió al promotor de la acción disciplinaria el pasado 30 de junio.
En ese informe, de 16 páginas, Rosell rechaza que exista un retraso injustificado en la resolución del recurso de reforma, "sino motivado por la necesidad de determinar la pertinencia o no de practicar prueba sobre las presuntas defraudaciones de los años 2010 a 2013", alega en su defensa. La magistrada añade que transmitió verbalmente esa justificación a la fiscal, pero ésta dio instrucciones a Hacienda para que no respondiera a una petición de documentación del Juzgado hasta que se resolviera su recurso.
La magistrada, en síntesis, responsabiliza a la Fiscalía de Delitos Económicos de ese "aparente" retraso y niega la existencia de tal demora en su actuación, pero luego deja caer en la contestación a la queja que su Juzgado está sobrecargado, esto es, que se sobrepasan los módulos asignados por el CGPJ debido a la "ingente cantidad de trabajo y de asuntos preferentes", entre ellos varios homicidios, causas con presos o delitos violentos y contra menores de edad, detalla en su informe.
Por eso el TSJC, que preside Antonio Doreste, nombró como refuerzo en ese juzgado a Alejandro Navarro. Se trata de un juez de adscripción territorial al TSJC en la provincia de Las Palmas que accedió a esa plaza en 2012. Desde entonces ha prestado servicios en los partidos judiciales de Telde y de San Bartolomé de Tirajana. Asimismo formó parte del tribunal que dictó las condenas del caso Grupo Europa, con José Ramón Navarro de ponente, ahora presidente de la Audiencia Nacional.
Las fuentes consultadas explican que el refuerzo concedido es de dos meses, aunque el plazo expira en breve y es probable que se prorrogue otros dos meses, con la finalidad de aliviar el trabajo diario del Juzgado para que Rosell saque adelante las causas más complejas, entre ellas la investigación a Seguridad Integral Canarias. De hecho, para el mes de noviembre está previsto que comparezcan los peritos a los efectos de ratificar los informes de Hacienda y de la Seguridad Social, así como la práctica de testificales a los trabajadores de la compañía de seguridad privada.
La realización de esas pruebas estaba bloqueada por el recurso que la juez tardó un año en resolver, según sostiene la fiscal en su queja. Eva Ríos niega que diera instrucciones a la Administración Tributaria en el sentido relatado por Rosell, y destaca que insistió varias veces en la necesidad de resolver ese recurso para salir del "bucle" en el que está el procedimiento.
Rosell, dos meses después de la discusión en su despacho, presentó una queja ante la Fiscalía del Estado, pero el servicio de inspección la archivó al no apreciar irregularidades en la actuación de Ríos.
