El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la queja interpuesta por la Fiscalía de Las Palmas contra la magistrada Victoria Rosell al considerar que no existen responsabilidades disciplinarias en la tramitación de la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.
La protesta tiene su origen en una discusión que la magistrada tuvo con la fiscal Eva Ríos en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria. La delegada de Delitos Económicos en Las Palmas denunció a Rosell por tardar un año en resolver un recurso de reforma que afecta a la prueba principal del procedimiento, es decir, a los informes de Hacienda y la Seguridad Social que revelan una deuda de 20 millones por el supuesto pago fraudulento de horas extraordinarias a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria.
Ríos también denunció a la juez por diferentes desconsideraciones relacionadas con esa reunión, que se celebró el pasado 28 de abril en el despacho de Rosell y acabó a gritos. El CGPJ, tras recibir la queja de la Fiscalía, abrió un trámite de información previa y recabó a medios de junio explicaciones a la magistrada, quien, a finales del mismo mes, en un informe de 16 páginas, rebatió las acusaciones de la fiscal y le atribuyó el retraso en el procedimiento por dar órdenes contradictorias a los peritos de la Agencia Tributaria, con la finalidad de que no remitieran una información contable de la empresa investigada hasta que el Juzgado resolviera el recurso de reforma.
La fiscal, en su protesta, rechaza que diera tales instrucciones. En cualquiera de los casos, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, que es el promotor de la acción disciplinaria en el CGPJ, concluye que no procede incoar un expediente sancionador al dar por buena la explicación de la magistrada.
Según Fonseca-Herrero, que es magistrado del Tribunal Supremo (TS), "no existe prueba alguna que permita determinar la veracidad de los hechos objeto de la queja". El promotor de la acción disciplinaria, un cargo de reciente creación destinado a evaluar si procede o no expedientar a un juez, destaca que esos hechos han sido rebatidos por Rosell y que "transcurrieron en el marco de una conversación privada". Dicho de una manera más directa: es la palabra de la fiscal contra la juez y "no existe indicio alguno" que "avale" la existencia de una actuación susceptible de un reproche disciplinario.
Y es que "no resulta jurídicamente posible" la imputación de responsabilidades sancionadoras "con base a datos probatorios no acreditados plenamente", añade el autor de la resolución. Fonseca-Herrero tampoco cree que Rosell se haya extralimitado en el auto desestimatorio del recurso de reforma presentado por la fiscal, pues entiende que las consideraciones vertidas por la juez están en el ámbito de sus competencias y responden al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En ese sentido aclara que "no se aprecian expresiones innecesarias, improcedentes o irrespetuosas".
Notificación
El archivo de la queja fue acordado el 17 de septiembre y el CGPJ se lo notificó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado martes, órgano que se encargó de trasladar la protesta planteada por la Fiscalía de Las Palmas. También remitió a la Fiscalía General del Estado una queja posterior de Rosell contra Ríos por los mismos hechos, pero fue igualmente archivada al no apreciarse una actuación irregular de la representante del ministerio público.
En teoría, tanto la resolución del CGPJ como la de la Inspección Fiscal son recurribles. Falta por ver, por tanto, si magistrada y fiscal entierran sus diferencias para centrarse en el procedimiento. Todo apunta en ese sentido, ya que hay una batería de declaraciones prevista y la Sala de Gobierno del TSJC ha nombrado un juez de refuerzo para impulsar la tramitación de la causa por su especial complejidad, según han confirmado fuentes judiciales.
El empresario declaró como imputado en abril de 2014 y negó que camuflara el pago de horas extra en dietas para ahorrar costes salariales. Asegura que esos servicios se realizaron de manera efectiva y espera presentar una pericial de parte para contrarrestar los informes de Hacienda y la Seguridad Social, que apuntan a un posible fraude de 20 millones en los ejercicios económicos de 2008 a 2013.
