La magistrada Victoria Rosell y la fiscal Eva Ríos han retomado la instrucción de la causa contra Miguel Ángel Ramírez tras las graves acusaciones elevadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía del Estado por supuestas anomalías en la investigación al empresario, entre ellas la demora en la tramitación del proceso.
La juez instructora citó ayer al inspector de la Administración Tributaria Alejandro Miño, que es el jefe de la unidad especializada en Las Palmas destinada a investigar los fraudes y ha elaborado los informes de la inspección hecha a Seguridad Integral Canaria. De ahí que la magistrada lo emplazara a los efectos de ratificar o no esas pruebas periciales, que abarcan los ejercicios económicos 2010, 2011, 2012 y 2013.
Miño ya compareció en marzo del año pasado para explicar los informes que afectan a 2008 y a 2009, los cuales sirvieron de base a la Fiscalía de Delitos Económicos para querellarse contra Ramírez por un supuesto fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social. En esa primera comparecencia judicial, el inspector ratificó que la compañía investigada ha podido defraudar 2,3 millones al pagar las horas extraordinarias a sus trabajadores fuera de la nómina o enmascaradas en otros conceptos con menor carga tributaria y, en algunos casos, exentos de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Una conclusión que el técnico ha extendido a las liquidaciones de 2010, 2011, 2012 y 2013, según fuentes que participaron en el interrogatorio celebrado ayer en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Estos nuevos informes, que abarcan los seis años investigados, elevan el presunto fraude a Hacienda hasta los 8,9 millones. Faltan por ratificar las conclusiones la Seguridad Social, que apuntan a una deuda de 12 millones, aunque 2008 está regularizado y 2013 sigue pendiente.
El imputado, en cambio, niega los delitos que se le atribuyen y espera contrarrestar los dictámenes de la Administración Tributaria y la Seguridad Social con una prueba pericial propia.
Además, en su declaración de abril de 2014, se comprometió a presentar una documentación que acredite las dietas y los gastos de viajes pagados a sus empleados, con el argumento de que son reales y no ha camuflado el abono de horas extraordinarias para ahorrar costes salariales, entre otros motivos porque su empresa ha renunciado por contrato a las jornadas laborales extraordinarias.
Esa documentación de la defensa, que han aún no ha sido aportada, centró buena parte del enfrentamiento procesal entre juez y fiscal. Ambas elevaron las quejas tras una discusión a finales de abril que acabó a gritos en el despacho de la magistrada. El Servicio de Inspección Fiscal archivó la denuncia de Rosell en agosto y el CGPJ hizo lo propio con la de Ríos el pasado día 17. De ahí la expectación en la declaración celebrada ayer, pues juez y fiscal volvían a coincidir en el Juzgado tras el cruce de reproches.
Las fuentes consultadas aseguran que la instructora y fiscal estuvieron tirantes por lo acontecido, pero profesionales. Rosell llevó el peso del interrogatorio y la responsable de Delitos Económicos declinó preguntar al considerar que el perito se había expresado con claridad.
La defensa, por su parte, cuestionó los informes de Hacienda al negar ese ánimo defraudatorio a las arcas públicas.
