El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aplaude la solución adoptada por el PP para evitar el derribo de la Biblioteca del Estado en la ciudad, aunque no sea la que hubiera preferido, porque considera que permitirá garantizar la conservación de este inmueble.

"Estamos privados", ha señalado el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la capital, Javier Doreste (Las Palmas de Gran Canaria), ante la iniciativa del grupo popular en el Senado de promover una enmienda a los presupuestos de 2016 que dará a la biblioteca rango legal de bien de utilidad pública e interés social.

Esa decisión permitirá en el futuro al Consejo de Ministros expropiar los derechos de la sentencia firme que ordena la demolición de la biblioteca, previa indemnización a los vecinos que recurrieron su licencia y ganaron el pleito en los tribunales.

Doreste ha precisado que la expropiación de los derechos de la sentencia no era la solución que el Consistorio hubiera preferido, pero también ha recalcado que en este asunto el actual equipo de gobierno (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) ha antepuesto en todo momento la necesidad de conservar la biblioteca pública y el servicio que presta a miles de ciudadanos.

El teniente de alcalde de Las Palmas de Palmas de Gran Canaria también ha demandado que se agilicen los plazos para que, "en octubre", el futuro de la biblioteca ya esté definitivamente despejado.

La capital grancanaria considera, además, que será el Estado el que tenga que pagar las indemnizaciones que procedan con la solución elegida, puesto que la última sentencia del Tribunal Supremo prohibía expresamente el Ayuntamiento hacerlo, ha añadido Doreste.

El actual alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), negocia desde hace meses con la Secretaría de Estado de Cultura una solución para esta infraestructura, tras admitir que ya no quedaba recurso alguno que interponer para defender en los tribunales la biblioteca.

Doreste confía en que la expropiación de los derechos de la sentencia sea "el punto final" a este contencioso.

El concejal de Las Palmas de Gran Canaria Puede ha señalado que su grupo político no renuncia a pedir responsabilidades a quienes permitieron que esa infraestructura cultural se construyera infringiendo el plan urbanístico de la ciudad, pero también ha recalcado en que en estos momentos no están "pensando en ello".

"La prioridad era y es salvar la biblioteca", ha indicado.