El Partido Popular (PP) presentó ayer una enmienda de adición al proyecto de ley de los presupuestos estatales de 2016, con la que se pretende salvar del derribo a la Biblioteca pública del Estado. El Tribunal Constitucional rechazó en julio pasado el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria, en su último intento por mantener en pie el inmueble, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que ratificó la anulación de la licencia, al considerar que la misma vulneró la normativa urbanística. Los populares plantean ahora en su enmienda a los Presupuestos que se expropien los derechos de ejecución de la sentencia, de los que gozan los vecinos que ganaron el pleito, por razones de "utilidad pública e interés social". La iniciativa del PP contempla también una compensación a los vecinos del edificio San Telmo que perdieron las vistas con el inmueble, pero sólo a los que dio la razón el Supremo.
La presentación de la moción en el Senado es la fórmula por la que finalmente ha optado el Gobierno de España, tras las reuniones mantenidas en las últimas semanas entre el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, para buscar una solución.
Con Lasalle se reunió el pasado mes de julio el alcalde de la capital grancanaria, el socialista Augusto Hidalgo, que acordó trasladarle todo el expediente judicial, con el objetivo de que el Gobierno español, como propietario del inmueble, asumiera su defensa.
En la enmienda se realiza un breve resumen de la historia del centro cultural, que fue inaugurado en 2002, y de su larga trayectoria judicial, en la que destacan las dos sentencias del Tribunal Supremo. La primera, de 17 de noviembre de 2010, y la última y definitiva, del 16 de mayo de 2014, que ordenan la demolición del edificio, tras estimar el recurso de la comunidad de propietarios del Edificio San Telmo, que denunciaron la pérdida de las vistas al mar.
La moción reconoce que "la no ejecución de la demolición" de la Biblioteca, "ordenada judicialmente, supondrá una evidente limitación del derecho de los recurrentes a la ejecución de las resoluciones judiciales", pero considera que "se trata de un sacrificio proporcionado, una vez ponderados el interés general que se pretende proteger y los intereses particulares".
Entre los argumentos que se esgrimen para soslayar el derribo figuran el carácter de obra de titularidad pública que presta un servicio también público; su condición de bien de interés cultural, por tratarse de una biblioteca, lo que obliga a su preservación y a evitar su destrucción y, finalmente, el formar parte del ámbito de la red de bibliotecas estatales. "La Biblioteca", subraya la enmienda, "contribuye a preservar en última instancia la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos constitucionales, como indudablemente son el acceso a la cultura (artículo 46.1) y hasta el propio derecho a la educación (artículo 27), igualdad que por lo demás podría estar especialmente comprometida en determinadas zonas del territorio por razón de sus características físicas y geográficas".
Todos estos argumentos, se recuerda en la enmienda, fueron utilizados en el voto particular de los magistrados José Suay Rincón y Rafael Fernández Valverde, que se opusieron a la sentencia del Tribunal Supremo de 2014, que ratificó la orden de derribo del inmueble.
"La demolición del edifico", se argumenta, "ocasionará perjuicios considerables", tanto a los 413.487 usuarios del centro, "que verán lesionado su derecho de acceso a la cultura, como a la Hacienda General del Estado, que perderá la inversión realizada y deberá afrontar los gastos de demolición, estimados en un mínimo de 500.000 euros".
A todo esto habría que sumar, añade, el coste de la nueva construcción del edificio que, paradójicamente, se podría levantar tal cual en el mismo solar, ya que una reforma posterior del Plan General legalizó la actuación.
La moción contempla que deben ser compensados todos los propietarios afectados en sus bienes y derechos, "teniendo por tales a los destinatarios de las resoluciones judiciales que determinaron la orden de demolición de la Biblioteca, y siempre que se haya producido una lesión efectiva de los mismos, lo que se limita a los vecinos de la Comunidad de Propietarios recurrente cuyas titularidades hubieran experimentado alguna merma de valor en sus bienes" por la obra ilegal.
La Ley de Presupuestos del Estado ya ha utilizado este procedimiento en dos ocasiones, en 1988 y en 2013, para la expropiación forzosa de terrenos.
