El Gobierno tripartito de la capital grancanaria tendrá que iniciar de nuevo el proceso de expropiación de una parcela situada en Siete Palmas, pese a que la misma ya fue ocupada y urbanizada en 2012, para conectar la calle Felo Monzón con la Avenida Juan Carlos I. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, informó ayer de que el juez ha anulado el proceso de expropiación y le ha dado la razón a los miembros de la familia Tovar, propietarios de la parcela, que recurrieron la actuación municipal argumentando que la parcela, que era indivisa, fue expropiada como si fueran dos solares. La resolución judicial ha dado firmeza a una sentencia del 25 de julio de 2013, que anula todo el proceso.
Doreste señaló que habrá que retomar el procedimiento de nuevo y expresó su preocupación de que se eleve la cantidad que el Ayuntamiento deberá pagar, cuando se acuerde o dicte el nuevo justiprecio de la parcela. "Tememos que pueda subir el coste de los terrenos y que nos reclamen hasta intereses", señaló el responsables de Urbanismo.
A efectos prácticos, no tendrá ninguna repercusión, porque la conexión ya se realizó en su momento y se ha introducido una reforma en el Plan General de Ordenación (PGO), para resolver el problema, al considerar que el suelo a expropiar forma parte de una parcela indivisa.
La expropiación de esta solar, parte del cual está ocupado por un estanque, ha provocado un largo litigio entre el Ayuntamiento y la familia Tovar, que se ha prolongado durante más de 18 años, debido al desacuerdo entre los dueños y el municipio en torno al valor de los terrenos. Se trata de un solar de unos 300 metros cuadrados que impidió durante varios años la conexión del final de la calle Felo Monzón con la avenida Juan Carlos I. El Ayuntamiento ordenó la expropiación forzosa en abril de 2008 y valoró los terrenos en unos dos millones de euros.
Cuando el Ayuntamiento citó a los dueños en 2012 para firmar el acto de ocupación, Isabel Cortés, ex mujer de Pedro Tovar, uno de los propietarios, presentó una denuncia al considerar que se trataba de un "acto confiscatorio adoptado a espaldas de la legalidad" y rechazó la indemnización económica que le ofreció la junta de compensación, consistente en 8.157 euros, cantidad que según ella era 76,5 veces inferior a los 626.345 euros en que fue tasado una parte del solar en 2008, y con la que se indemnizó a los otros dueños. La razón que dio el Ayuntamiento es que ella no reclamó una nueva valoración, como sí lo hizo en los tribunales la otra rama de la familia Tovar. En cualquier caso, al recurso de Cortés se sumaron los otros miembros de la familia Tovar, entre ellos Delia Tovar, Flora de la Fe, Antonio Henríquez García y José Torres Jiménez, que se mostraron contrarios a la decisión del Ayuntamiento de indemnizarles sólo por la parte del solar en la que estaba el estanque y no por su totalidad, cuyo coste llegó a valorarse en 3,7 millones.
Doreste cuestionó la forma en que se han llevado a cabo las expropiaciones en el municipio y añadió que el Ayuntamiento tendrá que pagar cuatro veces más por una parcela situada en la calle Luis Doreste Silva, que fue expropiada a finales del siglo pasado para ensanchar la vía.
Inicialmente se valoró en 164.000 euros y su coste ya va por 584.000 euros, aseguró Doreste, quien informó de que el dueño ha denunciado que no se le notificó la enajenación.
Los técnicos municipales argumentan que en su momento se intentó localizar, sin éxito, al propietario, al que se dio por desaparecido.
