El exalcalde de la capital grancanaria, el popular Juan José Cardona, instó ayer al Gobierno tripartito a iniciar de inmediato el rescate de la concesión del servicio de agua de abasto, así como los otros contratos suscritos con los socios privados de Emalsa. A su juicio esta es la única vía que le queda al Ayuntamiento ante los graves incumplimientos que han puesto de manifiesto los informes de los seis funcionarios municipales que han llevado a cabo la intervención administrativa del servicio. En caso contrario, advirtió, denunciará a la junta de gobierno ante la Fiscalía. El portavoz del Partido Popular (PP) consideró que no es suficiente con la liquidación del contrato de saneamiento que los socios privados subcontrataron a dedo en 2008 a la empresa Sercanarias, filial de Saur y Sacyr-Valoriza.
Cardona expresó su sospecha de que el Gobierno tripartito intenta utilizar la liquidación del contrato con Sercanarias y la puesta en marcha de la tarifa social del agua como un "señuelo" para convencer a los ciudadanos de que con estas acciones se resuelven todos los graves y múltiples incumplimientos de Emalsa. "Eso está bien, puede ser una medida parcial, transitoria, de justicia, pero eso no sustituye la obligación que tiene la junta de gobierno de tomar decisiones acordes con los graves incumplimientos de la concesión" de 1993 y la ampliación de ésta en 1998 con los contratos de saneamiento y depuración. "Exijo al Gobierno municipal que, ante la contundencia y la gravedad de los incumplimientos puestos de manifiesto por seis técnicos municipales, inicie el procedimiento de rescate. Ante estos informes no hay atajo, no hay alternativa, ni cortinas de humo, ni manipulación o engaño posible. Sólo tiene un camino y es adoptar un acuerdo dirigido a iniciar el expediente de resolución del contrato", sostuvo.
Añadió que, en "el caso de que no se haga nada, todos los miembros de la junta de gobierno estarán incurriendo en gravísimas responsabilidades personales, más graves que la prevaricación", para las que el código penal contempla penas de cárcel. Recordó que el nuevo código penal tipifica el artículo 464, en relación al 252, y dice que "la autoridad o el funcionario que en el ejercicio de la administración o el patrimonio público, excediéndose en sus funciones, causase un perjuicio económico a la organización, será castigado con una pena de prisión que va entre los ocho y los diez años y una inhabilitación de entre 10 y 20 años" para ejercer un cargo público. En opinión de Cardona, el alcalde ha incurrido en varias contradicciones al tachar por un lado de "farsa" la intervención y "afirmar por el otro que los últimos informes marcan las pautas del camino a seguir. Las mentiras tienen las patas muy cortas y el gobierno municipal tiene la obligación legal" de intervenir ante un informe en el que se dice, entre otros incumplimientos graves, que la relación con Emalsa no defiende el interés general.
