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CC y PSOE brindan su apoyo a la propuesta para salvar la Biblioteca

La enmienda del PP a los Presupuestos la declara de utilidad pública e interés social para su expropiación, que en teoría avala el Supremo

María del Mar Julios. LP / DLP

Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) avalaron ayer la propuesta del Partido Popular (PP) para tratar de salvar la Biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canarias y evitar así el derribo decretado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones. A falta de analizar en detalle la enmienda presentada por los populares a los Presupuestos del Estado de 2016 con esa finalidad, desde ambas formaciones señalaban que apoyarán la medida si sirve para resolver el problema y siempre que se confirme su viabilidad jurídica.

La senadora de CC María del Mar Julios recordó que ella misma ya había preguntado al Gobierno por su plan de acción para salvar este importante espacio público de la capital grancanaria y que le había instado a tomar alguna medida de tipo legal que evitara el derribo. "Si sirve para resolver el problema apoyaremos esa enmienda, pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir reclamando responsabilidades políticas respecto de la gestión de este asunto, en especial de quien era alcalde cuando se construyó, el señor José Manuel Soria", afirmó Julios.

El socialista Julio Cruz también consideraba probable el apoyo de su grupo a esa enmienda en concreto de las cuentas estatales si se demostraba su validez para frenar el derribo, aunque se remitía al estudio que se hiciera en su grupo a este respecto. En todo caso, un apoyo puntual a esta medida en la votación parcial de enmiendas tanto en comisión como en pleno, no evitará el voto negativo al conjunto del proyecto de presupuestos por parte de los socialistas y nacionalistas, si bien la mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación definitiva.

La enmienda del PP va como disposición final al articulado de la ley de presupuestos y en ella se declara "de utilidad pública e interés social" la expropiación de los derechos de ejecución de las resoluciones judiciales que fallan el derribo del edificio.

Titularidad

Se promueve esta declaración "atendiendo a la titularidad pública del solar y de la construcción, a su calificación legal como bien de interés cultural y a su afectación a la preservación de la igualdad de todos los ciudadanos en condiciones de acceso a la cultura y al derecho a la educación". Como base jurídica para la medida se apela a la Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa.

En su justificación, la enmienda señala que la particularidades que concurren en este caso para evitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales se recogen ya en el voto particular suscrito por los magistrados del Supremo Juan José Suay Rincón y Rafael Fernández Valverde en la sentencia del 16 de mayo del año pasado, la última de las dos que esta instancia judicial ha fallado al respecto, tras la producida en el mismo sentido el 17 de noviembre del 2010.

Se resalta en la enmienda que los datos de usos y colecciones de la Biblioteca "revelan su importancia en su finalidad de promover el acceso a la cultura". Recuerda que fue una inversión estatal inicial de 6 millones de euros, a lo que habría que sumar los gastos realizados desde su apertura el 25 de junio del 2002. Se recuerda que durante el año pasado el centro ofreció un horario semanal de 73,5 horas (más de 10 horas diarias de media), y que en él se organizaron y albergaron 505 actividades culturales, y que con una colección de 126.080 documentos, recibió 413.587 visitas durante todo el año y realizó 126.080 préstamos a domicilio a los ciudadanos.

Perjuicios

La demolición del edificio ocasionará, según el Gobierno central, perjuicios considerables tanto a los usuarios, como a la Hacienda General del Estado, que perderá la inversión realizada y deberá afrontar los gastos de demolición del inmueble, estimados en unos 500.000 euros, así como una probable nueva inversión para restablecer el servicio que el centro presta hoy a la ciudad.

La senadora grancanaria del PP Mercedes Roldós, mencionaba ayer todos estos argumentos y recordaba que "hay precedentes en la utilización de la ley de presupuestos para fines expropiatorios", como ocurrió en los casos del proyecto de 1988 respecto a unos terrenos destinados a centros penitenciarios, o, más recientemente, el de los presupuestos del 2013, sobre determinadas obras públicas. Recalca la senadora además que el Tribunal Supremo ha avalado ya en varias ocasiones la ley de presupuestos como un medio idóneo para declarar genéricamente la utilidad pública para proceder a la expropiación forzosa.

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