El centro comercial Sotavento acudirá a los tribunales para solicitar medidas cautelares que eviten el cierre del establecimiento que ha decretado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por apreciar irregularidades en materia de seguridad, una clausura que el negocio ve "desproporcionada e injustificada".

Así lo ha manifestado a Efe la administradora del centro comercial, ubicado en el Muelle Deportivo de la ciudad, Ana Suárez, quien ha expresado "el estupor y la preocupación" que ha causado esta notificación, recibida a media mañana de hoy, entre el centenar de personas que trabajan en los distintos establecimientos del enclave de ocio.

"Vamos a alegar y a acudir al juzgado para pedir medidas cautelares", ha anunciado Suárez, quien ha considerado que la actividad que desarrolla el centro comercial "no pone en cuestión la seguridad de las personas", lo que sus responsables "acreditarán con informes técnicos para contrarrestar" los estudios municipales que han motivado este decreto de cierre.

Suárez ha recalcado que el centro comercial se enfrente a una medida "desproporcionada" que se ha podido evitar con los procedimientos ordinarios que existen para ello.

La administradora del centro comercial ha asegurado que en junio de este año el Ayuntamiento otorgó al negocio las licencias de obra que solicitó para ejecutar modificaciones en sus zonas comunes relacionadas con la mejora de la accesibilidad, las vías de evacuación y la ampliación de la zona de baños, unas obras que se están terminando de acometer.

De igual forma, ha referido que las modificaciones que ha emprendido los diferentes establecimientos que operan en el centro comercial han sido informadas y cuentan con la preceptiva licencia de obra municipal.

Ana Suárez ha recalcado que Sotavento es "un centro comercial vivo", de ahí que, a su juicio, el informe técnicos que alude a la primera licencia otorgada en 2005 para operar como tal no tiene en cuenta los cambios que se han ido sucedido hasta hoy, que han sido comunicados al Ayuntamiento.

En relación a las modificaciones emprendidas por los distintos locales que se alquilan en el recinto, Suárez entiende que ha de ser el Ayuntamiento el que cierre esas actividades, en el caso de que no cumplan con lo establecido.

Para la administradora del centro comercial Sotavento, la decretada por el Consistorio es una "medida excepcional" que genera "una alarma social, un daño muy grande e inseguridad jurídica" a sus responsables, cuya prioridad es "paralizar este cierre".