Canarycraw, la empresa adjudicataria del centro comercial Sotavento del Muelle Deportivo, precintado el sábado por decreto de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por incumplir medidas de seguridad, contrató a un ingeniero "de solvencia acreditada" que elaboró un informe para dar contestación al Ayuntamiento en el que expone que "no existe menoscabo grave de la seguridad" en las cuestiones aludidas como deficiencias y relacionadas estrictamente con la actividad de la adjudicataria -no concretamente la de algunos locales del centro- y propone algunas medidas de mejora que, según la adjudicataria, "se han tomado en consideración" y se han llevado a cabo "con la mejora de la señalética y la colocación de candados en las puertas de acceso al centro". Asimismo, también han querido recordar que, tal y como aparece en la resolución de la licencia de apertura del año 2005, la única exigencia respecto a las puertas exteriores instaladas por seguridad es que deberán permanecer abiertas en horario de funcionamiento del centro comercial, "sin hacer la más mínima mención del sentido hacia donde deben abrir" que sí señala el técnico del Consistorio como deficiencia. "Acto seguido", relata, "se procedió a levantar acta notarial mostrando la realidad del centro y que las vías de evacuación son fácilmente visibles y están totalmente despejadas", lo cual trataron de acreditar con fotografías tomadas la tarde del jueves 1 de octubre.
Igualmente informa de que el centro comercial se encuentra realizando obras de mejora y acondicionamiento de sus instalaciones, para las cuales disponen de licencia de obra otorgada en junio de 2015, trabajos que se están terminando de acometer y cuyo plazo autorizado era de cuatro años para su finalización. Sin embargo, no especifica si esas obras tienen por objeto subsanar los errores por los que se llevó a cabo el precinto del centro.
La empresa también da a entender que la denuncia que ha conllevado el cierre del recinto proviene de los intereses de la sociedad Zorba's Vip, compañía competidora de su mismo sector que interpuso la denuncia "y de la cual no hemos sido informados". De hecho, sostiene que es la prensa dispuso de la disolución con días de antelación, "cuando ni tan siquiera habíamos sido notificados".
Otro de los aspectos que destaca es que, tras la denuncia, en la mañana del lunes 21 de septiembre, el técnico municipal realizó una inspección "en horario en el cual el centro todavía no se encontraba abierto al público", cuando se estaban desarrollando "actividades de mantenimiento, limpieza, acondicionamiento y recepción de mercancías", y que además de la terraza denunciada, se decide inspeccionar el centro comercial en su conjunto "sin mediar notificación previa y permitir la presencia de las partes interesadas". "Tampoco se facilita acta del informe levantado por el técnico tras la visita en ningún momento en los días posteriores, a pesar de ser requerido personalmente en el Ayuntamiento por nuestra parte", agrega.
A consecuencia de esto, no se "nos ha permitido conocer los detalles del informe y poder solventar las supuestas graves deficiencias detectadas en materia de seguridad" que determinaron los técnicos del Consistorio, quienes aconsejaron la adopción de "una medida tan drástica, excepcional y desproporcionada por los daños y perjuicios que conlleva, no solo al centro comercial, sino a todas las actividades contenidas en él, sus trabajadores y, en general, todos los usuarios". A este respecto, la adjudicataria subraya que solicitaron un informe para conocer los detalles, pues "no entendíamos" qué deficiencias tan graves habían sido detectadas, pero "no nos fue aportado".
Además, Canarycraw aclara que, cuando recibieron la notificación de cierre, observaron que se trató de notificar en ella al centro comercial junto a "todos los responsables de las actividades existentes en el centro comercial". Sin embargo, aseguran, "cada actividad tiene su propio expediente y debe estar notificada individualmente", detalle que hicieron constar en la diligencia que firmaron al recibir la resolución.
Tras una reunión el viernes, 2 de octubre, con Javier Doreste, concejal de Urbanismo, en la que, según la adjudicataria, se le aporta "la justificación de que no existe ningún problema de seguridad que justifique el cierre propuesto", el edil "nos señala que ya no existen técnicos a esa hora para que el Ayuntamiento lo pueda resolver".
"Le trasladamos", continúan, "que a pesar de que la resolución comunicada el jueves otorga un plazo de 48 horas para contestar y parar el cierre, de facto solo nos está dando 24 horas, y le pedimos que retrase la ejecución del precinto hasta que los técnicos resuelvan el lunes siguiente, bajo el convencimiento de que la seguridad no ha estado en ningún momento comprometida y menos con la gravedad que se nos ha querido atribuir, motivo por el cual no ejecutamos la paralización voluntaria requerida". No obstante, "no se considera nuestra petición", apuntan desde la empresa, y, "pese a los daños y perjuicios que esta medida supone", se precintaron las instalaciones la noche del pasado sábado.
Durante la mañana del día anterior, tal y como señala Canarycraw, fue presentado un recurso contencioso administrativo y se adoptaron "medidas cautelarísimas para la suspensión del precinto". "Dado el escaso margen y que el juzgado no abre en fin de semana, ha sido imposible disponer de tiempo suficiente para nuestra defensa y poder disponer de un pronunciamiento del juzgado antes de la ejecución del precinto", añaden.
Por último, la adjudicataria, que acusa a Doreste de haber realizado declaraciones fuera de lugar como "cerrar Sotavento por sus 100 empleados es como no abolir la tortura por deferencia al torturador" o "hay que evitar que tengamos un Madrid Arena en el Sotavento", afirma que pondrán en marcha todas las medidas "que nos permita la ley" para "resarcirnos de los daños y perjuicios injusta e innecesariamente generados".
