El cierre del Centro Comercial Sotavento, en el Muelle Deportivo de la capital grancanaria, por el Ayuntamiento debido a motivos de seguridad ha traspasado la línea de lo privado para convertirse en una cuestión política. A las voces de los afectados, que niegan que el recinto padezca problemas de seguridad, se sumaron este martes las condenas a la decisión municipal realizadas por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) y las de los grupos en la oposición en el Ayuntamiento.

Los empresarios amenazan con emprender "acciones", sin especificar cuáles, contra la orden de cierre de la administración municipal, al tiempo que acusaron al Ayuntamiento de actuar a instancias de un empresario de la competencia, al que acusan de estar detrás de las denuncias que motivaron las inspecciones municipales.

Por su parte, el Partido Popular (PP) instó al alcalde, Augusto Hidalgo, a involucrar en el asunto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Ciudadanos anunció que pedirá la dimisión del concejal de Urbanismo, Javier Doreste, si no solventa el problema, mientras que Unidos por Gran Canaria critica la "nefasta gestión" de este asunto realizada por el tripatirto que gobierna la ciudad. Asimismo, Coalición Canaria (CC) acusa a la institución local de "sembrar la alarma" con el precinto del centro comercial.