El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Fernando Fraile anunció ayer que la patronal estaría dispuesta a emprender acciones contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de lograr la reapertura del centro comercial Sotavento -situado en el Muelle Deportivo-, clausurado por decreto de la Concejalía de Urbanismo del Consistorio capitalino por incumplir medidas de seguridad. "Vamos a ver qué actitud tiene el Ayuntamiento en los próximos días, pero si las cosas van como nos tememos vamos a tener que terminar actuando contra el propio Ayuntamiento mediante un procedimiento que vamos a seguir", apuntó ayer Fraile en un reunión convocada por la FEHT y la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y ocio de Las Palmas (Aebcro) para mostrar su apoyo a los empresarios afectados por la clausura del recinto.

El presidente de la FEHT señaló que la Federación critica tanto al concejal de Urbanismo, Javier Doreste, como al Consistorio en su conjunto por haber tomado una decisión "desacertada, precipitada, falta de rigor y, probablemente, influenciada por el denunciante que ha provocado todo este desaguisado", comentó en relación a la denuncia que ha conllevado el cierre del centro, interpuesta por José Castellano, un empresario con un negocio de la competencia. "El Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir con la seguridad jurídica de los que son denunciados y otorgarles el mismo derecho que a la persona que denuncia", recalcó Fraile.

"El Ayuntamiento", prosiguió, "ha tomado una decisión que solamente es empleada en casos de absoluta emergencia. El carácter general de la norma dice que a las empresas se les da diez días de plazo para alegaciones, tras el cual, o durante el cual, una vez recibe el Ayuntamiento las alegaciones, podría haberse ratificado en su posición y haber cerrado igualmente, pero los empresarios habrían contado con ese plazo para alegar. Ha habido inseguridad jurídica clarísima", expuso Fraile, que calificó de "impresentable" el hecho de que los medios de comunicación conocieran antes la resolución que los propios empresarios, y opinó que "si el Consistorio hubiese seguido un procedimiento normal, esto tendría que haberse hecho con el centro comercial abierto".

En la reunión de ayer, junto a Fraile, se encontraban también representantes de los distintos negocios que desarrollan su actividad en el centro comercial, como Antonio Márquez, del Sotavento Club, quien valoró que "si hubiera voluntad" por parte del Ayuntamiento "de solventar el asunto" con celeridad y "dejar los daños en lo mínimo", se podría haber resuelto ya "o podrían haber notificado ya las deficiencias" a subsanar. Y es que, tal y como recordó Márquez, los responsables municipales que promovieron el cierre "en ningún caso dieron el informe" en el que se exponían los defectos de seguridad del centro. "Lo único que podría llegar a ser complicado de resolver de lo que viene en el informe son las relacionadas con la obra, pero es que están justificadas en una licencia de obra que tiene el centro comercial concedida hace cinco meses", agregó.

Igualmente explicó, respecto a la situación de los 100 empleados -aproximadamente- que se ven afectados por el cierre, que la medida que se tomará es la de "plantear una suspensión temporal de los contratos", y que si el Ayuntamiento "no da señales de que esto se va a resolver" hoy miércoles como muy tarde, "iremos a la inspección de trabajo a ver qué solución nos da, aunque sea temporal". Asimismo, Márquez admitió que se plantean presentar una denuncia contra José Castellano por interponer "denuncias falsas".