El exalcalde y concejal del Partido Popular, Juan José Cardona, dirigió ayer un escrito a la junta del gobierno municipal, en el que insta a sus miembros a iniciar el expediente de rescate de los contratos que el Ayuntamiento ha firmado con Emalsa para la gestión del servicio de agua, debido a los graves y múltiples incumplimientos en la gestión de los servicios por parte de los socios privados, Saur y Valoriza, según refleja el quinto informe de la intervención. Cardona considera que el tripartito "sólo" tiene un camino para defender el interés general y ese camino es iniciar el rescate de la concesión, porque lo contrario supondría "incurrir en graves responsabilidades". El concejal popular anuncia que esperará "varias semanas" y, en el caso de que el tripartito no adopte ningún expediente de resolución anticipada de los contratos, presentará una moción al pleno municipal y acudirá a los tribunales para denunciar al Gobierno local por no defender los intereses del municipio, algo que está tipificado como un delito de administración desleal.
El portavoz del grupo Popular califica de "arbitraria" la actitud del alcalde socialista Augusto Hidalgo y considera que el "silencio" de la junta de gobierno "no tiene explicación posible", tras conocer el quinto informe de la intervención", realizado por Rafael Bolívar y firmado por otros cinco técnicos municipales, en el que se acredita la existencia de hasta 14 incumplimientos graves en la gestión del agua.
Caducidad
Frente a los argumentos del alcalde Hidalgo, que sostiene que carece de instrumentos legales para emprender el rescate de Emalsa a coste cero, Cardona, que inició hace 18 meses la intervención, recién concluida, de Emalsa, destaca que "por primera vez en veintidós años, la Corporación cuenta con un trabajo técnico que constituye una sólida apoyatura legal para recuperar la gestión pública", mediante la resolución del contrato y la declaración de su "caducidad", como consecuencia de "los graves incumplimientos acreditados por la intervención". "La única consecuencia posible", ante los incumplimientos que acredita el quinto informe de la intervención, es la "deliberación sobre la extinción de los contratos. No cabe en este caso mirar para otro lado. No cabe el silencio", advierte. El exalcalde recuerda a los miembros del tripartito que, en los casos de resolución anticipada del contrato por incumplimiento del contratista "no debe pagarse indemnización alguna". "Cuestión distinta es que en la liquidación de la relación contractual haya cuentas que saldar por inversiones no amortizadas" realizadas por los socios privados, aclara Cardona, que califica el anuncio de la rescisión del contrato de Sercanarias como una "cortina de humo", "un señuelo" para dar la sensación de que se está resolviendo el problema de Emalsa.
En este contexto, recuerda la contradicción que existe entre la negativa del tripartito a iniciar el rescate de la concesión y el programa de gobierno firmado por el PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias, en cuya página 14 se dice: "Analizaremos y haremos públicos los resultados de las auditorías e informes ya realizados sobre Emalsa, e incluso plantearemos, si se considera necesario, realizar una nueva auditoría, a efectos de comprobar los resultados de la intervención municipal, como punto de partida previo al estudio del rescate del servicio".
A su juicio, el quinto informe del interventor es concluyente cuando afirma que la relación contractual no defiende el interés general, que los incumplimientos son numerosos y graves y que "la situación actual está poniendo en riesgo un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua. A todo ello hay que añadir la "conducta dolosa o culposa" de Emalsa por su "falta de colaboración" y la "obstrucción" a la labor controladora. "No estamos solo ante errores o descuidos del contratista. Estamos ante ejemplos en los que se acredita el propósito de huir del control público", por lo que "es urgente", afirma, "que se actúe de manera proporcionada a la grave situación. No hacerlo supone incurrir en responsabilidad personal en relación a los perjuicios económicos que se originen".
