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KPMG reitera numerosas anomalías que denunció el interventor de Emalsa

Saur y Valoriza reclaman a la ciudad 55,5 millones de euros por el reparto de dividendos, pese a recibir 2,9 millones al año aunque la empresa tenga pérdidas

KPMG reitera numerosas anomalías que denunció el interventor de Emalsa

El informe de la auditora KPMG confirma muchas de las anomalías ya denunciadas por el interventor de Emalsa en relación con la gestión del servicio del agua y la relación contractual entre la compañía mixta y el Ayuntamiento. Además de plantear la necesidad de reordenar las tarifas y crear algunas nuevas, como la tasa por el mantenimiento de la red de alcantarillado, KPMG cuestiona la falta de definición por parte de Emalsa, a la hora de justificar los costes de cada uno de los servicios y la inexistencia de "un fondo de reposición" o un "mecanismo alternativo" que garantice el correcto estado de los bienes con los que se presta el servicio del ciclo integral del agua. Emalsa, asegura el informe, carece de un "plan económico financiero que garantice un inventario administrativo de los bienes del servicio" y tampoco cuenta con actas de recepción del patrimonio hidráulico que el Ayuntamiento ha ido incorporando a la gestión.

También constata la carencia de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los servicios y el adecuado mantenimiento de las instalaciones.

Entre las múltiples cuestiones conflictivas a resolver, la auditoría se refiere a la reclamación al Ayuntamiento por parte de los socios privados de Emalsa, Saur y Valoriza, del pago de 55,58 millones de euros en concepto de "dividendos no percibidos". Saur y Valoriza han reclamado esta cantidad en los tribunales, argumentando que no hay reparto de dividendos desde 1993, pese a que se embolsan unos dos millones anuales -independientemente de que la empresa tenga o no beneficios-, por los servicios de apoyo a la gestión (management fee o know how) y otros 900.000 euros en concepto de "remuneración de directivos", según constata el informe de KPMG, contratado por la empresa y el gobierno municipal anterior y presentado el pasado jueves en el consejo de administración de Emalsa, que presidió por primera vez el actual alcalde, Augusto Hidalgo. El informe recuerda, en relación con el denominado fee de gestión - cantidad que representa un 2% de la facturación- que "está pendiente de revisión el pacto para vincular esta remuneración a prestaciones concretas y reales".

En cuanto a la remuneración que reciben los directivos destaca que "podría carecer de reconocimiento en la documentación contractual de forma independiente a la de la cesión del know how". Los auditores vuelven a poner de manifiesto la necesidad de detallar los conceptos por los que se recibe el fee, algo que ya se advirtió en la auditoría realizada por la consultora Auren en 2013, con la finalidad de garantizar que ese dinero está bien ganado.

Equilibrio

El informe plantea la necesidad de garantizar un "equilibrio económico- financiero y un beneficio razonable para Emalsa que pueda permitir la distribución de dividendos para los accionistas (ello sin perjuicio del riesgo y ventura inherente a la prestación de los servicios)".

Por otro lado, insiste en la "escasa definición de las obligaciones de las partes en relación a la adquisición de inmovilizado y la realización de otras inversiones" y habla de la "ausencia de mecanismos contractuales para articular todo ello en el marco del Plan Estratégico del ciclo integral del agua 2008-2020 aprobado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

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