La noche tiene sus filias y fobias, sus rencillas, sobre todo en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, donde los locales funcionan por modas y cada negocio se defiende como una esquina de Baltimore. Un sector, el del ocio nocturno, que esta semana se ha cobrado un nuevo afectado, el centro comercial Sotavento, que lleva cerrado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria desde el sábado de la semana pasada. ¿El motivo? Fallos en la seguridad del recinto, aunque detrás de la inspección municipal está José Juan Castellano, un conocido empresario con intereses en el sector que ha propiciado la clausura del recinto ubicado en el Muelle Deportivo al denunciar a la terraza Sotavento, explotada por Antonio Márquez, otro habitual de la noche.
Y en medio de esa guerra sorda entre empresarios por el negocio de la noche, la ciudad cumple el aniversario de la mayor redada contra el ruido de su historia, la operación bloque, bautizada así porque la Policía Local, por orden de la concejala Rosa Rodríguez, tapió con cemento un buen puñado de establecimientos por incumplir horarios o generar molestias a los vecinos. Ocurrió en la madrugada del 8 de octubre de 1999 y José Manuel Soria, hoy ministro de Industria, Energía y Turismo, cumplía su tercer mandado como alcalde a lomos del PP. Ese año, en los meses y fines de semanas sucesivos, se le abrieron expedientes a más de 230 bares, con la finalidad de regular el sector y acabar con los supuestos excesos. La ofensiva creó un importante revuelo social y fue combatida en los tribunales por los perjudicados, que se organizaron y lograron la retirada de los ladrillos de sus puertas. También obtuvieron el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya Sala de lo Contencioso Administrativo negó al Ayuntamiento competencias para reducir el horario de los negocios nocturnos.
Se trataba de locales como el Otto, el after al que había que acudir para tomarse la última copa, el pub Naomi o bares como el Castilla o el Mónaco, que sigue abierto en la calle Galileo. Todos estaban situados en los alrededores del parque Santa Catalina, pues el Puerto era la zona bajo sospecha que el gobierno municipal quería "regenerar". El resto de garitos tapiados o sancionados en esos primeros fines de semana de octubre fueron Milord, Abadía, New Misterio, Max & Moritz, Ricos y Bellas, Tempus, Bar Perojo, Ness, Coyote, Sydney y Tequila, Sal y Limón.
Y es que los periódicos aún aguantan las declaraciones de la época, como las realizadas por Rosa Rodríguez, concejala de Transporte, Tráfico y Policía Local, que en plena operación bloque dijo aquello de "habrá que acostarse más temprano". Esa intromisión en las costumbres de los ciudadanos encendió más los ánimos de los dueños de los bares, que promovieron reuniones en Farray y La Bodega del Pueblo Canario para organizarse y pelear por sus derechos. El alcalde y su equipo, en cambio, se apoyaron en el descontento vecinal por la situación del Puerto para seguir con "el toque de queda", según las expresiones acuñadas para describir la política municipal del PP contra el ruido.
El propio Soria ofreció horarios más amplios a los bares que cumplieran las normas, al tiempo que Juan José Cardona, entonces edil de Urbanismo y ahora en la oposición, prometió nuevas áreas de ocio para sacar los bares del Puerto, como el centro comercial El Muelle y los alrededores de la Base Nase Naval o la zona de El Rincón, lo que es hoy la Plaza de la Música (Auditorio Alfredo Kraus). Eran los años 1999 a 2003 y el Ayuntamiento apostaba por abrir terrazas en espacios públicos como La Markesina o La Romana, mientras los negocios tradicionales como bares, pub y discotecas sufrían los rigores de un horario aplicado a "rajatabla". Esa, al menos, era otra de las críticas formuladas por los responsables de esos negocios.
Algunas de esas infraestructuras, como La Markesina y La Romana, fueron adjudicadas a Antonio Machín y José Castellano, que era la pareja de empresarios del momento. Ambos, a día de hoy, tienen negocios por separado y La Romana, ironías del destino, está en manos de Márquez y de otros socios, es decir, del empresario que ha sido denunciado por Castellano. Ahora funciona con el nombre de Tao, a la entrada del Muelle Deportivo. De ahí que las fuentes consultadas, al margen de los problemas de seguridad hallados en Sotavento, relacionen el precinto del centro comercial con un episodio más de esa disputa entre empresarios por mercado nocturno.
El mismo Castellano admite sin reservas que ese es el motivo de su denuncia: competir, pero en igualad de condiciones. "¿Tú sabes lo que cuesta insonorizar un local?". El que está incumpliendo la ley es él, porque ni el Sotavento ni el Tao pueden poner música de baile y lo están haciendo", expone el empresario para explicar las razones que lo llevaron a interponer la denuncia el pasado 20 de agosto.
Castellano es el propietario de la discoteca Tres X Uno y de dos terrazas, una en Las Canteras y otra en El Puertillo, ubicada esta última en la costa norte de la Isla. Aclara que ya no tiene negocios con Machín, el empresario con el que logró la adjudicación de La Markesina y La Romana. "En la noche de la ciudad hay más desorden que antes. El desmadre es de tres pares de narices", agrega. Y como ejemplo pone su denuncia.
En cambio, Márquez, rechaza entrar en polémicas con Castellano, pero replica que la capital ha "avanzado una barbaridad" en oferta nocturna y respeto al descanso de los vecinos. Ahora, añade, no existe "el desorden y el descontrol" de antes. En los años 1999 a 2003, cuando el tapiado de locales y las redadas en el Puerto, era presidente de la Asociación de Ocio Nocturno. Los controles, asegura, se han multiplicado desde entonces y los locales han instalado limitadores acústicos, entre otras medidas correctoras. El único problema que ve el empresario es el "ruido del botellón".
Márquez se apoya en el informe elaborado por un técnico privado para negar los fallos en materia de seguridad que atribuye el Ayuntamiento al centro comercial. Por eso espera que Urbanismo autorice la reapertura. El viernes por la tarde se acercaron posturas, pero no hubo acuerdo y el centro permanecerá cerrado por segundo fin de semana consecutivo, incluido el puente del Pilar. La administración del recinto ha pedido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 que levante el precinto y la juez, antes de decir, ha solicitado al Ayuntamiento que fije su postura para resolver dicha petición.
En medio de ese conflicto de intereses, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha censurado la clausura del recinto al tacharla de "precipitada" y "desmedida", incluso ha dado la espalda a Castellano, que pidió el apoyo de la federación a su denuncia y ésta se lo denegó al considerar que no estaba justificada. El colectivo no comparte que se utilicen denuncias con esos fines.
Otro histórico de la noche, Fran Rivero, con 35 años de experiencia, considera que la medida es "desproporcionada y radical", pues las anomalías detectadas se podían haber resuelto "entre bambalinas" para no cerrar los negocios y evitar alarma social. "En los 80 la noche era en tecnicolor y en los 90 todo se volvió blanco y negro", comenta Rivero sobre el férreo control que el Ayuntamiento puso en marcha a finales de esa década para regular el sector. Ahora, opina, la situación está normalizada, aunque parecen haber ganado la batalla las terrazas al aire libre y las nuevas propuestas de ocio como el Mercado del Puerto o el de Vegueta.
Y es que el Ayuntamiento, desde entonces, no ha vuelto a usar el cemento para chapar bares de copas, sino la discreción del sonómetro, como en 2007, cuando la asociación de vecinos Depaca denunció el exceso de ruido en Vegueta y Triana, zona que tomó el relevo al Puerto tras la presión policial de esos años, y la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó la inspección de 15 locales. Entonces se abrieron causas penales contra el Stones y Le Club, dos pub que cerraron hace años. La primera investigación se archivó, pero la segunda causa terminó con pena de cárcel para el propietario porque las molestias de su negocio afectaron a la salud de dos vecinos. Ese, la salud de las personas, es el límite que marca la ley entre la sanción administrativa y el reproche penal.
Son otras maneras de combatir el problema, más sensatas y efectivas, claro, al menos desde el punto de vista vecinal. Los pequeños empresarios que vieron sus bares tapiados en 1999, en cambio, piensan que poco se ha avanzado desde entonces. "Las Palmas es la ciudad más aburrida de España después de Santa Cruz", subraya uno de ellos. "Se sigue favoreciendo a los de siempre", resalta otro, ahogado por los límites de horarios y el humo de los cigarros, pues ya no se fuman en el pub, ese pequeño garito con música que debe cerrar antes de al discoteca, sino en las terrazas y los negocios de los grandes empresarios que se saltan la Ley Antitabaco. "¿Para cuándo un horario nocturno acorde a nuestra condición de ciudad turística"?, se preguntan. El sistema actual genera la proliferación de bares que abren a las 06.00 de la mañana y funcionan como after de mala calidad. La capital, avisan, suma nueve locales de estas características.
>> Viene de la página anterior
