El alcalde capitalino Augusto Hidalgo cursó el 30 de julio pasado un escrito a la Dirección General del Catastro solicitando la actualización de los valores catastrales de las viviendas de Las Palmas de Gran Canaria. Esta revisión no se lleva a cabo desde hace 20 años y va a significar un incremento del 10% en el valor de las casas. El envío de esta petición contradice las declaraciones realizadas a este periódico por el coordinador general provisional de Economía y Hacienda, Benito Cabrera, que afirmó que la actualización del catastro deviene de una orden estatal que los municipios deben cumplir. El Ministerio de Hacienda aclaró ayer que "en absoluto" se trata de "una imposición" y remitió un documento en el que queda claro que fue el Ayuntamiento el que se acogió a esta medida.
Este incremento del 10%, que se aplicará a partir de 2016, se produce al mismo tiempo que expira el Decreto Ley que obligaba a los municipios a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 10% durante tres años (2013, 2014 y 2015). Según Cabrera, este descenso compensa la subida por la actualización catastral, con lo que los ciudadanos pagarán lo mismo que este año.
Opacidad
En ningún caso el regidor capitalino ha informado sobre la existencia de esta petición al Catastro, incluso cuando se ha debatido sobre el IBI, como sucedió en el último pleno, el de septiembre, en el que el Partido Popular presentó una moción para que se rebajase este impuesto. El catastrazo, por tanto, se ha ocultado con la bajada del IBI.
Un portavoz del Ministerio de Hacienda aclaró que la solicitud que cursan los municipios no establece los coeficientes que se aplican. "Una vez se recibe la petición, es la Dirección General del Catastro la que dirime si sube o baja el valor catastral de acuerdo a una serie de parámetros", explicó. Así, en el informe remitido por Hacienda se especifica que, mediante una orden ministerial de 24 de septiembre, en la que se establece la relación de municipios a los que se les actualizan los valores catastrales, el 28 de septiembre de 2015 se aprobó la aplicación de un coeficiente corrector "al alza de los valores catastrales de 1,10" a Las Palmas de Gran Canaria, lo que, según el Consistorio, significa un incremento del 10% en el valor de las viviendas.
Para acogerse a esta revisión, y según el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, los municipios han de cumplir una serie de requisitos, entre ellos que hayan pasado más de cinco años desde que se realizó la anterior actualización. La última se llevó a cabo en 1996 en la capital grancanaria. La segunda condición señala que se han de poner "de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes".
Benito Cabrera justifica la petición al Ministerio de Hacienda porque la reducción del 10% del IBI por la norma estatal hubiera significado una pérdida de fondos para la ciudad de siete millones de euros. "Se nos informó de que no se va a prorrogar la subida del 10% y se nos dijo que podíamos acogernos a la actualización de valores catastrales", argumentó Cabrera, que admite que la petición para la revisión "no es obligatoria", pero asegura que "es una necesidad, porque tendríamos una reducción de siete millones de euros con respecto a 2015 que no podríamos soportar".
El coordinador provisional de Economía y Hacienda quiso insistir ayer en que "el recibo va a ser exactamente igual, porque en el caso de Las Palmas de Gran Canaria coincide la bajada del tipo con la actualización de los valores catastrales, que es de un 10%". Además añadió que "es la intención del Gobierno central que el valor catastral se acerque al 50% del valor de mercado".
Cabrera recordó que el tripartito tiene la intención de ayudar a las familias más necesitadas para amortiguar su presión fiscal. "Hemos articulado la subvención al IBI que va a afectar a unas 24.000 personas, de las cuales muchas no pagarán nada y otras miles pagaran uno reducido", detalló el funcionario, que asegura que el anterior grupo de Gobierno no había reflejado en los presupuestos una variación del IBI para 2016.
El Impuesto de Bienes Inmuebles centra intensos debates políticos porque los vecinos han visto cómo se ha ido incrementando en estos años, a pesar de que se ha prometido en las campañas electorales que se bajaría. Durante el mandato de los socialistas, con Jerónimo Saavedra como alcalde, se aplicó una subida del 28%, a la que se añadió la del 10% impuesta por la norma estatal que pusieron en marcha los conservadores con Juan José Cardona como alcalde.
