La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Estado asume toda la indemnización que evitará el derribo de la Biblioteca

El Ayuntamiento capitalino no pagará nada del justiprecio que se acuerde con los propietarios de los pisos afectados

El Estado asumirá plenamente el pago de las indemnizaciones que en su día se establezcan a los propietarios de los pisos cercanos a biblioteca pública frente a la Avenida Marítima que el Tribunal Supremo ordenó derribar en sentencia del pasado 14 de julio. El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, confirmó ayer al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria que la salida encontrada para evitar ese derribo no supondrá ningún coste para las arcas municipales de la capital y que será la propia Administración central la que correrá con ese gasto.

Lasalle explicó al primer edil capitalino el contenido concreto de la medida adoptada por el gobierno central para garantizar el mantenimiento de edificio que la justicia ha ordenado derribar en dos ocasiones. Como se recordará, se trata de una enmienda en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, que se aprobará definitivamente el próximo martes en el Congreso, en la que se declara de "utilidad pública e interés social" la expropiación de los derechos de ejecución de las resoluciones judiciales relacionadas con la demolición del edificio atendiendo a la titularidad pública del solar en el que se construyó, aplicando la ley de expropiación forzosa de 1954.

Tanto Lasalle como Hidalgo resaltaron que la medida resuelve definitivamente el problema de la demolición ya que ésta queda descartada definitivamente, y eso al margen de cómo se resuelva en el futuro el asunto de las indemnizaciones. "El Gobierno ha tomado una decisión indemnizatoria introducida en la ley de presupuestos, solución que consigue resolver el conflicto. La biblioteca queda salvaguardada, que era de lo que se trataba, evitar que una biblioteca y, por tanto, una importante inversión pública que se había hecho con el dinero de todos, pudiera verse derribada y afectando, por tanto, al interés general vinculado al servicio público de la propia biblioteca", explicó el secretario de Estado tras la reunión.

Lasalle insistió en que, junto a esta medida administrativa, "se ha buscado al mismo tiempo atender el derecho subjetivo que tenían las partes recurrentes y que la sentencia reconocía a través del justiprecio correspondiente en aplicación de la ley de expropiación forzosa por un lado y, por otro, de la ley de Presupuestos Generales del Estado que atiende y satisface plenamente". El número dos del ministerio de Cultura aclaró que la cantidad de la indemnización "no se puede saber porque lo que hace falta es abrir el correspondiente expediente de indemnización y será el establecimiento del justiprecio de acuerdo con los criterios de la ley de expropiación forzosa lo que lo determine". Es, según dijo, el mecanismo habitual en cualquier caso de expropiación forzosa, ya sea de suelo o, como es el caso, de un derecho de vistas considerado por la justicia como un derecho subjetivo susceptible de indemnización.

Augusto Hidalgo, por su lado, afirmó estar "ante un gran día que en realidad nunca se tuvo que haber producido", e insistió en que "la biblioteca finalmente no se va a derribar, y tiene que quedar claro que el Ayuntamiento no va a tener que soportar ningún tipo de indemnización" como consecuencia de esta operación. "La solución es perfecta para los ciudadanos porque se mantiene la biblioteca y el servicio que presta y porque la indemnización no repercute sobre las arcas municipales. Es la Administración central la que expropia los derechos y, por tanto, la que tiene que resolver la indemnización", resaltó Hidalgo, quien subrayó además que "esta es una solución definitiva, no es ni una medida dilatoria, ni ninguna parada adelante del problema".

En este sentido, José María Lasalle, quien agradeció el "compromiso y colaboración" del Ayuntamiento en la defensa del interés general, no descartó que se pudieran abrir futuros pleitos entre la Administración y los propietarios de los pisos afectados en su visibilidad por el edificio bibliotecario a la hora de acordar las indemnizaciones, pero dejó claro que eso ya no supondría en ningún caso nuevo riesgo de demolición. "Queda abierta la posibilidad de que los interesados puedan recurrir el justiprecio. La fórmula normal es un acuerdo entre las partes y la administración en la determinación del justiprecio, y si no hay ese acuerdo es la Administración quien fija y frente a ese acto resolutivo cabe lógicamente recursos contencioso-administrativo. Pero eso ya no tiene nada que ver con el bien que se ha tratado de proteger", explicó.

Compartir el artículo

stats