El catastrazo repercutirá en el consumo al reducir la capacidad de gasto de las familias. Este es el vaticinio que ayer compartieron los representantes de los empresarios ante noticia de la subida del 10% del valor catastral producida como consecuencia de la revisión que solicitó el Gobierno tripartito. Tanto Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, como su homólogo de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), Prudencio Lorenzo, manifestaron el rechazo a una decisión que, bajo su punto de vista, pretende mantener la estructura administrativa a costa del bolsillo del sector empresarial y del de la ciudadanía. Asimismo, desde ambas patronales, criticaron la falta de "transparencia" por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la hora de informar sobre una medida a la que se acogió por iniciativa propia.
La información sobre el catastrazo saltó a mediados de esta semana cuando Benito Cabrera, coordinador general provisional de Economía y Hacienda del Consistorio capitalino, anunció la reducción en un 10% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), según él, para neutralizar la subida del mismo porcentaje en el valor catastral que venía ordenada por el Gobierno de España. E hizo hincapié en que los ciudadanos pagarán los mismo de contribución el año que viene.
Tan solo un día después, era el Ministerio de Hacienda el que aclaraba que fue el propio alcalde, Augusto Hidalgo, el que cursó el pasado 30 de julio una solicitud a la Dirección General del Catastro para que se actualizaran los valores catastrales de las viviendas de la ciudad. Revisión que no se llevaba a cabo desde 1996 y que va a repercutir en la factura fiscal de más de 130.000 contribuyentes, ya que afecta al pago en cascada de siete impuestos (IBI, IRPF, Plusvalía Municipal e impuestos de Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones y Sociedades).
Evitar la pérdida
Según Cabrera, esta petición al Ministerio de Hacienda se justifica en que la bajada del 10% del IBI por imperativo estatal se hubiese traducido en una pérdida de siete millones de euros para las arcas municipales. Y es que el próximo año, cuando comenzará a aplicarse el incremento catastral, coincide con la expiración del Decreto Ley que obligaba a los municipios a aumentar el IBI un 10% durante tres años. "Ahora es el momento de retirar la presión fiscal", señaló Manrique de Lara. Para el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios el Ayuntamiento capitalino "no puede pretender consolidar ese nivel de presión, que se marcó como algo temporal, para atender un periodo de dificultades de las cuentas públicas". Y añadió que "lo que demandan todos los organismos que analizan la economía es que se liberen rentas para estimular el consumo y el crecimiento económico". Algo que no se producirá "sin la voluntad de reforma de las Administraciones Públicas en cuanto a la contención de su propio gasto, evitando que todo el esfuerzo de saneamiento caiga sobre las empresas y las familias".
El presidente de Cecapyme tiene una opinión similar. Desde su punto de vista, la subida del valor catastral afecta directamente a la disponibilidad de consumo de la sociedad. "Nos estamos quejando de la alta presión fiscal que sufrimos en esta época de crisis y nos estamos fijando en que para mantener una estructura administrativa totalmente sobredimensionada se sigue tirando de los impuestos directos". Para Prudencio Lorenzo esta decisión llega "en el momento menos oportuno" y criticó que se haya tomado con "total oscurantismo". Asimismo, el representante de la patronal contó que durante el primer trimestre de 2015 recibieron la información catastral con los nuevos valores "ante los que muchos empresarios han presentado recursos que, a día de hoy, no han tenido respuesta".
