El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la causa penal abierta contra Emalsa por los vertidos de aguas residuales en la Avenida Marítima y otros puntos de la costa capitalina.
El magistrado Tomás Martín, tras tomarle declaración como imputados a varios técnicos de Emalsa, solicitar informes a la Guardia Civil y encausar a la compañía como persona jurídica, concluye que no existen indicios de un delito contra los recursos naturales y archiva la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente.
El órgano judicial notificó el sobreseimiento de las diligencias penales en el día de ayer, que no afecta al otro proceso abierto contra la compañía por un posible delito societario. En esa otra causa, que es tramitada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, hay una quincena de consejeros, directivos y técnicos de la empresa imputados, en este caso tras una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos.
La investigación que ha sido archivada se inició por una denuncia presentada en la Fiscalía por Izquierda Unida contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía, tras tomar muestras de agua del emisario submarino y solicitar informes periciales, se querelló contra Emalsa y el juzgado comenzó a practicar diligencias, con la finalidad de determinar si existía o no un delito en el vertido de agua residual sin depurar o escasamente tratada.
Crítica a Cardona
Durante ese proceso judicial, según explica Emalsa en un comunicado, "el propio Ayuntamiento", que entonces estaba "presidido por Juan José Cardona", intentó "sorprendentemente" personarse como acusación contra Emalsa. La entidad, en contraposición a esa iniciativa municipal, destaca que "no cabe atribuir responsabilidad a Emalsa por afectaciones al medio ambiente por vertidos en la costa".
La compañía aclara que la resolución del juez se apoya en los resultados de los informes del Instituto de Toxicología de Sevilla, los cuales "evidencian que se logra satisfactoriamente el efecto de dilución en la costa respecto de las aguas impulsas desde la Estación de Bombeo del Teatro al emisario Submarino". Esto, subraya la entidad, "desvirtúa cualquier consideración de que se puedan venir perpetrando daños al medio ambiente como consecuencia de la actividad de depuración desarrollada por Emalsa".
Según la empresa, el magistrado destaca que la entidad ha acreditado con la "ingente" documentación aportada que ha cumplido con las medidas de control impuestas por las Administraciones, emitiendo informes que han sido siempre remitidos a la Viceconsejería competente y al propio Ayuntamiento, sin que estas instancias públicas hayan planteado objeción alguna, constando que en los incidentes relevantes producidos en el Emisario Submarino en los años 2009, 2010, 2012 y 2014 se adoptaron las medidas reparadoras y de vigilancia oportunas.
Sobre las instalaciones adscritas al servicio de depuración, el juez reconoce que el proceso que gestiona se realiza por la concesionaria conforme a las infraestructuras de que dispone la ciudad, efectuando las labores de vigilancia rutinaria (análisis de aguas) de acuerdo con las exigencias del contrato de depuración en cuanto a su explotación y mantenimiento, sin que conste como obligación asumir inversiones para la mejora del servicio, que es de titularidad municipal. La compañía ensalza la profesionalidad de sus empleados.
