El Gobierno de Canarias deberá compensar a la unión de empresas integrada por Satocan y Lopesan que gestionaba el viejo vertedero municipal de Salto del Negro, ahora en manos del Cabildo tras el traspasa de competencias.

Las empresas solicitaron en 2010 una revisión de precios por el proyecto de la ampliación de la estación transformadora de la planta todo en uno, pero el Gobierno rechazó la reclamación porque entendía que los modificados del proyecto ejecutado compensaban los cambios y justifican los retrasos. Las compañías recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya Sala de Contencioso les dio la razón en 2013.

Esa sentencia ha sido ratificado ahora el Tribunal Supremo (TS) al rechazar el recurso de la Comunidad Autónoma. La Sala III del TS reconoce "el derecho de la UTE a percibir de la Administración la suma, con intereses, que debe determinarse en ejecución de sentencia", todo ello por la revisión del precio del contrato de construcción y puesta en marcha de la Segunda Fase de la Planta de Clasificación. La infraestructura no llegó a funcionar porque se ejecutó en distintas fases y los sistemas usados por las empresas fueron incompatibles.