La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha cambiado las normas de reparto en todos los partidos judiciales del Archipiélago. La medida, que busca blindar el sistema para evitar la elección a dedo de los asuntos a investigar, ha tensado las relaciones entre los jueces y la Sala, sobre todo en la capital grancanaria, cuyos magistrados de instrucción han recurrido la normativa ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los órganos judiciales comenzaron el pasado 1 de octubre a aplicar la nueva norma para distribuir los asuntos que llegan a los juzgados, pero a regañadientes, "por imperativo" de la Sala de Gobierno del TSJC, que a su vez ejecuta una iniciativa del CGPJ para homogeneizar el sistema de reparto en toda España. ¿El motivo? Eliminar "cualquier posibilidad" de que se utilicen las guardias para denunciar asuntos con la finalidad de que sean investigados por jueces concretos, o impedir que un magistrado se quede con una causa en lugar de remitirla de forma automática al Decanato para su reparto aleatorio, según explican fuentes tanto de los juzgados como de la Sala de Gobierno.
Ambas partes admiten que la "tensión" existente ha derivado en un "conflicto" abierto, principalmente en los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria. Los ocho magistrados, en una junta reciente celebrada en la Ciudad de la Justicia, han decidido recurrir los cambios ante el CGPJ pese a que tienen muy pocas posibilidades de ganar la batalla. Son conscientes de esa dificultad, pero aún así lo han hecho para dejar constancia del descontento, incluso no descartan acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para defender la fórmula que empleaban hasta ahora.
Y es que los magistrados de instrucción capitalinos consideran poco práctica la reforma, porque les resta "operatividad" a la hora de comenzar a tramitar los asuntos que les llegan a las guardias de 24 horas, las cuales funcionaban "muy bien", explican varios jueces.
En ese sistema de 24 horas, los magistrados de guardia se quedaban con todos los asuntos que entraba ese día en el juzgado, salvo querellas o solicitudes de pinchazos telefónicos, por citar dos de las excepciones que iban a reparto. Todo ello con independencia de la fecha en la que ocurren los hechos, es decir, sólo por orden de entrada.
Ahora, en cambio, la fecha en la que ocurre el hecho delictivo es el único criterio para determinar la competencia del juzgado. Eso, añaden los jueces, restará agilidad a la tramitación, pues el juzgado que esté de guardia no podrá practicar diligencias de investigación, sino que deberá registrar el procedimiento y remitírselo luego al juzgado que estaba de guardia el día que sucedieron los hechos.
Más garantías
De esa manera, según el CGPJ, se elimina cualquier posibilidad o sospecha de forzar la elección de un determinado juez, tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen cinco días para remitir el atestado, como por un particular que aprovecha la guardia para denunciar. Es, según explican desde el TSJC, una manera más efectiva de garantizar el derecho al juez predeterminado por ley, es decir, al que te toque de forma aleatoria y no a uno elegido de manera indirecta por alguna de las partes en conflicto.
El enfado de los jueces capitalinos nace precisamente de esa insinuación o sombra de sospecha que se extiende sobre los jueces, cuando, al contrario, el sistema funcionaba bien, entre otros motivos porque no se conocen quejas ni denuncias en ese sentido.
Es más. Los jueces entienden que las nuevas normas de reparto tampoco son infalibles. "¿Acaso no se pueden falsear o maquillar las fechas en las que ocurrieron los hechos para evitar o elegir un juzgado determinado?", se pregunta uno de los magistrados consultado por este periódico.
En el caso de que existan dudas sobre las fechas o los denunciantes no las recuerden, la nueva normativa establece que la causa vaya al Decanato para su reparto aleatorio. Eso, para el CGPJ, supone aumentar las garantías.
Los abogados defensores, sobre todo en casos de corrupción, como el Eólico, suelen invocar la violación del derecho al juez predeterminado por ley para pedir nulidades, aunque, por el momento, sin éxito, pues nunca se han estimado esas reclamaciones, sino que más bien parecen estrategias de la defensa.
