Los fiscales, jueces y forenses de Las Palmas han acordado, en colaboración con el Gobierno canario, cómo atender a los menores que sufren delitos sexuales para evitar que sean doblemente víctimas, en un protocolo de actuación que se aplicará, de momento, solo en la capital grancanaria.
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido; el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya; y el consejero de Justicia regional, Aarón Afonso, dieron a conocer este "manual de buenas prácticas", que pretende conseguir que los menores solo declararen en estos casos en una sola ocasión, pero con todas las garantías para que su testimonio sirva de prueba anticipada en el juicio.
Garrido subrayó que el objetivo es causar "el menor trastorno y destrozo posible" a estas víctimas, así como que la intención es extenderlo al resto de los partidos judiciales de Canarias.
En numerosas ocasiones, el menor que sufre un delito sexual tiene que declarar ante la Policía, ante el juez instructor, ante los médicos forenses e, incluso, ante los psicólogos que elaboran el informe pericial de credibilidad de su testimonio.
Y después de todo ello, testificar de nuevo en el juicio oral, al tiempo que es tratado por los expertos para ayudarle a superar el trauma, lo que produce efectos negativos en su persona.
