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Pleno municipal La gestión de los impuestos municipales

La ciudad pierde 779.700 euros al año por el IBI de varios centros comerciales

El Ayuntamiento reclama al Catastro que haga la valoración de los complejos y otras sedes institucionales para que el municipio pueda cobrar la contribución

Un momento de la celebración del pleno municipal, ayer. En primer plano, José Eduardo Ramírez y Pedro Quevedo. Al fondo, el alcalde Augusto Hidalgo. JC Castro

La capital grancanaria pierde cada año 779.700 euros por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de tres centros comerciales y un hotel. A esta cantidad hay que sumar medio millón más que la ciudad deja de recaudar por el impago de la contribución de sedes, oficinas, teatros y aparcamientos de otras instituciones públicas. En cifras globales, el Ayuntamiento pierde 1,2 millones anuales porque la Gerencia del Catastro no fija o corrige la valoración de estos inmuebles, pese a que el consistorio se lo viene reclamando desde octubre del año pasado, una petición que le volvió a dirigir el pasado mes de julio el tripartito.

El pleno municipal aprobó ayer por unanimidad, a instancias de la portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, instar de nuevo al Catastro para que establezca o corrija el valor catastral para que la ciudad le pueda cobrar el IBI al centro comercial El Mirador, que debería pagar 700.00 euros anuales; el edificio Maya; el hipermercado de Carrefour de Hoya de La Plata o el Hotel Fataga. Otros edificios que no pagan son la sede institucional del Cabildo de Gran Canaria, la ampliación del Hospital Materno, el edificio Usos Múltiples II.

La concejala de Presidencia y Seguridad, Encarna Galván, aclaró que en el último año se han incluido por fin la valoración de otros inmuebles, como el Hospital Doctor Negrín, el hospital Juan Carlos I, los Nuevos Juzgados, el centro deportivo La Cornisa y el polideportivo de la Vega de San José, a los que el municipio podrá cobrar este año la contribución por primera vez, pese a que llevan funcionando desde hace años. Batista calcula que la ciudad ha perdido más de 26 millones de euros por el impago del tributo de todos estos inmuebles, cifra en la que no está incluida las casas sociales del Gobierno canario, que tampoco abonan el tributo y por las que el Ayuntamiento reclama más de 13 millones.

Los concejales del tripartito rechazaron, antes de la discusión de la moción de Batista, la petición del Partido Popular (PP) para reprobar al alcalde Augusto Hidalgo por haber ocultado la subida del valor catastral para neutralizar la bajada en el mismo porcentaje (un 10%) del tipo de gravamen del IBI. Sólo el PP, Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria apoyaron la propuesta del portavoz popular, Juan José Cardona, que acusó a Hidalgo de haber protagonizado una "cadena de engaños" para esconder primero la actualización catastral y asegurar después que le había obligado el Gobierno de España. "Su comportamiento", le espetó a Hidalgo, "ha sido irresponsable" y "la mentira ha sido consciente, premeditada y reiterada. Los vecinos", añadió, "merecen un respiro en el pago del IBI y no una mentira".

La socialista Encarna Galván fue la encargada de defender a Hidalgo y se empleó a conciencia en su cometido. Comenzó diciendo que el único objetivo que buscaba Cardona con la moción era "desestabilizar" al tripartito, que "aunque le pese", le dijo a Cardona, "está haciendo las cosas bien y se está preocupando de atender a las personas más frágiles". Aseguró que la subida catastral fue anunciada en agosto pasado, añadió que fue el gerente del Catastro el que "invitó" por carta al Ayuntamiento a realizar esa actualización y acusó al PP de "intentar engañar y confundir a los ciudadanos con una presunta subida fiscal que no existe, quizá movido por un afán de notoriedad de cara" a colocarse como candidato en las próximas elecciones.

"Puede usted montar todas las escandaleras que quiera", sostuvo Galván. "La diferencia está en que ustedes se preocupan por cómo le puede afectar la subida catastral a los que tienen mucha casas desocupadas y un patrimonio superior a 700.000 euros y nosotros protegemos a las personas que no pueden pagar los recibos del IBI o del agua", mediante el establecimiento de ayudas. Por su parte, Batista acusó al tripartito de "reírse" de los ciudadanos y consideró que si no existiera "dejación" en el cobro del IBI a centros comerciales y otras instituciones, se podría "bajar al conjunto de los ciudadanos".

Por Ciudadanos, su portavoz Beatriz Correas consideró que "lo mínimo que podría hacer el alcalde es disculparse ante los ciudadanos".

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