El Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria abrió la investigación contra Emalsa en octubre de 2013 tras admitir una denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos por un posible fraude societario en la gestión de la entidad mixta. Luego se le tomó declaración como imputados a una quincena de consejeros, directivos y técnicos, al tiempo que se solicitó documentación y se encargó una pericial al Colegio de Economistas de Las Palmas para determinar si ha existido o no un perjuicio patrimonial a la entidad por la gestión de los socios privados, Saur Internacional y Valoriza.
La elaboración de ese informe se ha demorado por los trámites burocráticos y por la gran cantidad de documentación a revisar, entre ella todos lo partes de trabajo, las certificaciones de obra, y las facturas emitidas por Sercanarias a Emalsa entre 2008 y 2012.
La principal línea de investigación afecta a esos cuatro años de facturación, así como a los 19 contratos firmados con Sercanarias, la filial creada por los socios privados y a la que se le autoadjudicaban los principales servicios, entre ellos el mantenimiento de la red de alcantarillado, quizá el más importante en términos económicos.
Esa pericial se encargó en septiembre del año pasado, pero aún no está concluida, incluso estuvo unos meses parada, a la espera de que se autorizara el gasto para hacerla y la compañía remitiera las facturas y los albaranes sobre los trabajados de Sercanarias. La Fiscalía sospecha que muchos de esos servicios se realizaron a precios superiores a los del mercado y, en algunos casos, no llegaron a ejecutarse. De ahí la auditoría de esos 19 contratos encargada por el magistrado instructor.
