La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La capital y Telde crean un frente común para activar el empleo en Jinámar

Augusto Hidalgo y Carmen Hernández pretenden impulsar un ley de barrios especiales

La capital y Telde crean un frente común para activar el empleo en Jinámar

Las Palmas de Gran Canaria y Telde impulsarán una ley de barrios especiales para activar Jinámar a nivel social y económico. Así lo anunciaron ayer los alcaldes de ambos municipios, Augusto Hidalgo y Carmen Hernández, quienes aseguraron que para desarrollar esta iniciativa es necesaria la colaboración financiera del Gobierno de Canarias. La propuesta toma como modelo a Cataluña, donde desde 2004 se aplica con resultados "exitosos", según señaló Hernández.

La de ayer fue la primera toma de contacto entre ambos munícipes para acordar la presentación de la iniciativa legislativa ante el Parlamento regional. El objetivo es que se apruebe esta normativa y la Comunidad Autónoma "reconozca la singularidad" de las zonas del Archipiélago donde existen elevadas tasas de desempleo, pobreza o abandono escolar. En Jinámar, que está a caballo entre ambos municipios, residen casi 20.000 personas (la mayoría en la parte teldense y "hay problemas detectados" como la tasa de paro juvenil que se eleva hasta el 80% entre los menores de 30 años, según informó la alcaldesa nacionalista. "El de Jinámar es un reto que tiene toda la Isla y Canarias", apuntó.

Asimismo, Carmen Hernández señaló que es necesario promover alternativas que aumenten la calidad de vida de los grancanarios, ya que ambas localidades aglutinan casi la mitad de la población insular. Y explicó que la propuesta legislativa ha contribuido "exitosamente" a la mejora de barrios catalanes como el de Granollers. "Pero cualquier proyecto para mejorar la vida de un barrio necesita de una ficha financiera", sentenció la regidora municipal de Nueva Canarias (NC). Antes esto, los dos alcaldes coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo canario habilite en los presupuestos de 2016 partidas para acometer la rehabilitación integral y comunitaria de Jinámar. Y anunciaron que tienen previsto reunirse en las próximas semanas con el Gobierno autonómico para iniciar los trámites de esta iniciativa legislativa, que beneficiaría a todos los barrios deprimidos del Archipiélago.

Hernández también consideró durante la rueda de prensa que se celebró en las Casas Consistoriales de la capital grancanaria, que esta financiación que se demanda es una "buena oportunidad" para que la Administración autonómica pueda "compensar" los 37 millones de euros (17 de ellos a Las Palmas de Gran Canaria) que adeuda con ambas localidades en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Hidalgo y Hernández explicaron que esta cuantía se debe al impago por parte del Gobierno canario del IBI correspondiente a los locales comerciales que hay situados en los bajos de las viviendas sociales de Jinámar, así como de otros relativos a instalaciones hospitalarias y oficinas de uso público.

Y es que según apostilló la alcaldesa teldense, Jinámar "no está recepcionado", por lo que, desde el punto de vista jurídico, "depende del Gobierno canario". De ahí que ambos regidores municipales coincidieron en que ambas localidades deben recuperar esos fondos, que no dudarán en reclamar tanto al Ejecutivo autonómico como al Gobierno Estatal.

Durante su intervención, Augusto Hidalgo comentó que los cuatro grandes municipios canarios (Las Palmas de Gran Cana-ria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) deberían volver a beneficiarse de los fondos específicos para la promoción del empleo, tal y como ocurría en la anterior legislatura, dado que son las que mayores tasas de desempleo del Archipiélago al ser las que mayor concentración de población tienen.

Por su parte, Carmen Hernández, señaló que pese a la eleva- da tasa de desempleo, de pobre-za y de exclusión social que su-fren muchos de los 20.000 los vecinos del barrio de Jinámar, Telde solo cuenta con dos trabajadoras sociales que operan en la zona, funda en la gestión de las ayudas económicas y no en materia para la prevención. Una labor que sí podría llevarse a cabo si se contara con los ratios fijados por la Unión Europea pro las que debe haber un profesional por cada 4.000 habitantes.

Compartir el artículo

stats