El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha notificado la revocación de 86 licencias de taxis y la imposición de sanciones de 4.000 euros a cada uno de los titulares, por haber cedido la gestión de sus paradas a floteros. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, informó de que los sancionados podrán ahora recurrir las revocaciones, que se harán efectivas cuando estos se resuelvan. De otro lado, el departamento que dirige Ramírez está pendiente de que la Agencia Tributaria les remita la documentación de otras 83 licencias de taxi, entre ellas las de ocho floteros, para abrir expedientes sancionadores por la gestión irregular de las paradas. Los titulares de estas licencias han sido sancionados ya por Hacienda por fraude fiscal y según Ramírez, muchos de estos taxistas han reconocido la cesión irregular de las licencias para que Hacienda les rebajara la multa, lo que constituye una prueba fehaciente que facilitará la retirada de las paradas, porque "limita la posibilidad de recurrir" la revocación.
Tanto la revocación de las 86 licencias, como la apertura de expedientes sancionadores a otras 75 paradas son consecuencia de la colaboración entre la Fiscalía, la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que dieron lugar a dos grandes operaciones contra la gestión irregular de las licencias, que también llevaban aparejados fraude fiscal y cesión ilegal de trabajadores. La primera se produjo en 2011, tras la denuncia de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, y la segunda, en 2013, a raíz de otra denuncia del presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez.
Los expedientes de estas 86 licencias, cuyo proceso de revocación acaba de iniciarse, se incoaron en 2014. Este año se han abierto otros 29, a los que se añadirán otros 75, cuya investigación acaba de cerrar Hacienda. Todas ellas rozan las 200 licencias. Durante el mandato de Jerónimo Saavedra se revocaron las primeras 36 licencias explotadas por floteros, cuya materialización está pendiente de resolución judicial. Sólo uno de estos titulares renunció a la licencia. María Eugenia García alabó el trabajo de Hacienda y expresó su esperanza de que las denuncias realizadas desde hace años comiencen "a dar su fruto. Parece que la máquina del sentido común comienza a ponerse en marcha", señaló Rocha, quien culpó a la Asociación de Trabajadores Autónomos de Autotaxis (ATAT) de "convencer a viudas y jubilados para que mantuvieran la cesión irregular de las licencias, en lugar de traspasarlas y haber obtenido un dinero por ellas. Ahora se ven sin licencia y con 4.000 euros de multa".
