Cáritas celebró ayer una asamblea para aprobar, entre otras cosas, el I Plan Estratégico 2015-2019, que marcará las principales líneas de la acción sociocaritativa que desarrollará la institución en los próximos cuatro años. El Obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases Andreu, apuntó que este plan es la respuesta de Cáritas para "convertir los sueños en un programa de trabajo" y reflexionó sobre la necesidad de "reformar la Iglesia para que sea una Iglesia de puertas abiertas, que reciba a las personas con una sonrisa."

Los objetivos más relevantes de este Plan Estratégico son detectar, defender y visibilizar la vulneración de derechos de las personas; así como acompañar a personas en situación de vulneración de derechos, especialmente en materia de empleo, renta económica, vivienda y salud. También la creación de un área específica de Vivienda y consolidar a Cáritas como una entidad de voluntariado, impulsores fundamentales de la Acción Social de Cáritas.

Otro objetivo es fomentar la participación y avanzar en la puesta en marcha de iniciativas de participación social implicando a la Comunidad Cristiana y a la ciudadanía en general. También quieren avanzar en la viabilidad y sostenibilidad económica de la entidad.

El director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, reconoció la labor fundamental de los voluntarios como agentes de Cáritas y declaró que el objetivo de este Plan Estratégico, el primero que realiza la institución en Canarias, es "cumplir la misión pastoral que le ha encargado la Diócesis de Canarias: encabezar la acción social de la Iglesia destinada a los más desfavorecidos."

También se aprobaron el informe económico y el informe de secretaría, que dan cuenta del trabajo realizado por la Institución durante estos dos últimos años.También se votó favorablemente un comunicado que recoge el posicionamiento de Cáritas respecto a la realidad social de Canarias.

Por otra parte, la entidad benéfica denuncia que en "las incipientes mejoras de los indicadores económicos no se reconozca la realidad subyacente que desde nuestra labor diaria comprobamos: una creciente exclusión social estructural. Sólo una estricta minoría se encuentra plenamente integrada (26,3%) y la crisis ha contribuido a incrementar distintos problemas sociales". La Institución manifiesta que "los derechos humanos individuales y colectivos siguen siendo precarios y esta situación se está normalizando".