El Gobierno municipal está preparando el cambio de la normativa para agilizar la concesión de licencias de obra menor e impulsar la reforma y rehabilitación de las viviendas. También ultima la puesta en marcha de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE), una especie de ITV de la vivienda, cuya ordenanza comenzó a elaborarse en el anterior mandato, pero que aún está pendiente de aprobación.
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, informa de que la nueva normativa permitirá a los ciudadanos comenzar las obras menores, desde el momento es que presente, con la solicitud de licencia, una declaración responsable y un proyecto de obra en la que el solicitante asegura que lo realizado se corresponde con la petición presentada. La falta de personal del departamento de Disciplina Urbanística, cuyo número de técnicos se ha reducido de 21 a 15 en los últimos cuatro años, está retrasando la concesión de este tipo de permisos, que tardan una media de dos meses. "Tenemos un pequeño atasco", reconoce Doreste, que su intención es llevar a pleno para su aprobación durante el primer trimestre de 2016, la nueva normativa que acabe con esta demora.
Otra cuestión que está atascada desde hace más de dos años es la ordenanza que obliga, en cumplimiento de una ley estatal de 2013, a chequear todos las viviendas del municipio que tienen más de 50 años, para evitar derrumbes y accidentes. De acuerdo con esta ley, más de 17.000 viviendas del municipio tendrán que someterse a una inspección antes de 2020. Según Doreste, el Ayuntamiento tiene previsto reunirse con los colegios oficiales de arquitectos, ingenieros y administradores de fincas urbanas y el Gobierno autónomo, para intentar conseguir acuerdos que permitan que aquellas comunidades de vecinos con escasos recursos no tengan que pagar el cerfificado de la inspección, que en función de la superficie, rondará entre 100 y 300 euros por vivienda. "Nos preocupa que los ciudadanos que no tienen recursos, se vean obligados a pagar un pastón", señala el concejal, quien añade que hay receptividad para aportar fondos por parte del Cabildo de Gran Canaria" y los colegios de ingenieros y arquitectos.
Recuerda que desde el año pasado existe una línea de subvenciones, por parte del Gobierno canario, para la rehabilitación de las viviendas privadas anteriores a 1981, que aporta hasta el 35% del coste de la obra. Doreste plantea la necesidad de modificar la tramitación de estas ayudas, porque la obligatoriedad de los vecinos de adelantar el dinero les disuade de acogerse a esta especie de plan de renovación de viviendas.
Además de la rehabilitación de casas particulares que impulsará la puesta en marcha de la ITV de la vivienda, el Ayuntamiento acaba de llegar a un acuerdo con el Gobierno canario para reactivar la rehabilitación del parque de vivienda pública de Escaleritas, que estaba paralizado, y también trabaja en la consecución de fondos europeos para la reforma de las casas del Cono Sur. En concreto, el convenio firmado el pasado mes da vía libre a la ejecución de las obras de renovación de 192 viviendas, distribuidas en cuatro edificios, que contemplan las obras de Regeneración y Renovación Urbana de Escaleritas. Esta actuación contará con una inversión que asciende a 1.248.000 euros.
