Diez millones de euros. Esta es la cantidad que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagó a la compañía mixta Emalsa entre 1998 y 2013 por trabajos de limpieza de la red de saneamiento que la empresa no llevó a cabo. A esta cantidad, hay que añadir otros 600.000 euros más, además de los intereses, que cobró Emalsa durante el mismo periodo por la amortización y mantenimiento de una planta de recepción de fangos que nunca puso en marcha. Estas son algunas repercusiones económicas del incumplimiento por parte de Emalsa del contrato de saneamiento firmado con el Ayuntamiento en 1998, según pone de manifiesto el informe definitivo que realizó, a petición del que fuera interventor de la compañía Rafael Bolívar, la empresa Análisis Ingenieros, para averiguar el grado de cumplimiento, por parte de Emalsa, del servicio de saneamiento. Este primer informe de Análisis Ingenieros ha sido enviado por los servicios jurídicos municipales a la magistrada que lleva el proceso contencioso-administrativo, abierto a raíz de la reclamación presentada por Emalsa, junto a otro informe realizado por Bolívar a petición de la juez.
El Ayuntamiento no paga el saneamiento desde 2013, al negarse los técnicos municipales a firmar las facturas porque la compañía, que reclama ya cerca de 15 millones, se niega a acreditar que los trabajos por los que pretende cobrar han sido efectivamente realizados.
Además de los 10,6 millones cobrados por trabajos que nunca se hicieron, la auditoría de Análisis Ingenieros concluye que, durante 2013, Emalsa "sólo justificó" un 11,9% de los 4,86 millones anuales del contrato de saneamiento, que fue adjudicado a dedo en 2008 a Sercanarias, la empresa de los socios privados de la compañía. Según el estudio, Emalsa no justificó el gasto de 1.033.322,20 euros y además advierte que tiene que "demostrar" que los 2,98 millones destinados al pago del personal, vehículos y maquinaria se han empleado realmente en el saneamiento y no en otros servicios que Emalsa subcontrata a Sercanarias, filial de los socios privados, Saur y Valoriza.
"La acreditación de tales medios", advierte Análisis Ingenieros, "no supone el cumplimiento de los objetivos técnicos previstos en el informe propuesta" del contrato, pues "son demostrables incumplimientos en aspectos tales como el control de vertidos o la limpieza ordinarios. La efectiva disposición de dichos medios hacen suponer que han sido empleados en objetivos distintos para los que fueron previsto en el informe propuesta".
Los letrados del Ayuntamiento han remitido también a la jueza otro informe concluido el pasado 24 de septiembre por el también jefe de la Unidad Técnica de Aguas, Rafael Bolívar, en la que advierte de las "afirmaciones ambiguas, confusas o equivocadas" que ha realizado Emalsa en un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro. Bolívar avisa que el segundo informe de Análisis Ingenieros, a petición del anterior concejal de Aguas del PP, Martín Muñoz, utiliza una metodología sui géneris y arroja conclusiones contradictorias. Este segundo trabajo efectúa un análisis sobre los medios puestos a disposición y servicios prestados en materia de saneamiento. El funcionario sostiene respecto a este segundo estudio que la acreditación de medios en ningún caso implica que se haya realizado el servicio.
