Un encuentro con distintos objetivos, según la versión. José Miguel B. A., funcionario de prisiones, y José Ramón G. R., que en 2012 se encontraba cumpliendo pena privativa de libertad en el centro penitenciario de Salto del Negro, donde el primero desempeñaba habitualmente su actividad laboral, han sido acusados por el Ministerio Fiscal por un presunto delito de cohecho en el año mencionado. En la vista oral, que dio comienzo ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el fiscal expuso que los imputados, entre quienes supuestamente se había establecido una relación de amistad, se habrían confabulado para que el funcionario introdujera en el centro penitenciario teléfonos móviles -prohibidos en el recinto- que utilizarían posteriormente José Ramón G. R. o alguno de los internos.
Aprovechando un permiso carcelario de tres días del que disfrutó el preso, en noviembre de 2012, ambos se citaron en una gasolinera de Las Remudas (Telde). Allí, el funcionario habría recibido del otro imputado, según la Fiscalía, una bolsa que contenía tres teléfonos móviles, varios cables y una radio.
José Miguel B. A., que conducía su Mercedes Kompressor de color gris, fue detenido minutos más tarde por la Guardia Civil, que había iniciado una investigación en el transcurso de la cual se tuvo conocimiento de esta reunión. El acusado portaba, además de la citada bolsa, cuatro bolsitas transparentes con cocaína en su interior, su iPhone 4 de uso personal y 1.000 euros separados en 20 billetes de 50 euros, presuntamente como pago por sus servicios -introducción de los teléfonos en la prisión-.
Préstamo
De acuerdo con José Ramón G. R., actualmente en libertad provisional, acudió al encuentro únicamente con el fin de prestarle 1.000 euros al funcionario, quien se los había pedido como favor dado que se encontraba en una situación económica desfavorable. Así explica el acusado esos 20 billetes de 50 euros hallados por la Guardia Civil, que el preso conocía, incluso en el detalle del número y cantidad de los billetes, y que, además, aseguró que no entregó nada más al otro acusado.
Por su parte, José Miguel B. A., que reconoce que en el momento de los hechos sufría de adicción a la cocaína y atravesaba por dificultades económicas, garantiza que se había citado con el interno para comprarle dos de estas bolsas con esta droga en su interior -las otras dos las habría adquirido con anterioridad a ese encuentro- a cambio de 100 euros. En cuanto a los 1.000 euros que también tenía en posesión, los atribuye al pago de un arrendatario de una vivienda que tenía alquilada, mientras que los móviles y demás elementos se disponía a venderlos en una tienda de artículos de segunda mano.
Durante la sesión celebrada ayer también se procedió a la reproducción de varias conversaciones telefónicas, en algunas de las cuales se hacía mención a Monsi, Gordo e incluso a un Mercedes de color gris y una gasolinera, entre otros términos relacionados con el caso. El acusado José Ramón G. R., que declaró que no se reconoce en ninguna de las grabaciones, admitió que le suelen llamar Gordo pero negó que su apodo sea Monsi, a pesar de que en el Juzgado de Instrucción había apuntado que sí.
En el teléfono móvil del otro acusado se encontró un archivo en el que figura Monsi acompañado de un número de teléfono y un tal Omar -cuyo nombre coincide con el del sobrino de José Ramón G. R.-, pero negó saber de quiénes se trata.
José Miguel B. A. señaló que diariamente gastaba entre 60 y 90 euros diarios en cocaína y que nunca ha introducido ningún teléfono móvil en prisión. Sin embargo, en el Juzgado de Instrucción había manifestado que solía consumir entre 300 y 400 euros al mes y que había introducido un móvil en prisión un año antes. Ante estas dos contradicciones, el acusado argumentó que cuando declaró en el Juzgado de Instrucción se encontraba en "un momento complicado" de su vida.
El Ministerio Fiscal solicita cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para ambos acusados, así como una multa de 18 meses con una cuota diaria de siete euros a José Ramón G. R. Para José Miguel B. A., además, pide una multa de 18 meses con una cuota diaria de diez euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años.
Las defensas de cada uno de los imputados, alegando la ausencia de pruebas para condenarlos, solicitan la libre absolución de sus clientes. El letrado del funcionario destacó, por ejemplo, que no existe ninguna grabación en la que intervenga su defendido, y considera engañoso el razonamiento de que sea debido a que conocía los procedimientos policiales. El juicio continúa hoy a las 9.30 horas.
