El Ayuntamiento de la capital grancanaria gastará 8.845,49 euros en obras de inhabilitación y tapiado de viviendas desocupadas del extinto Patronato Francisco Franco de Tamaraceite, para evitar su ocupación por otras familias. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Silenus Construcciones y Reformas SL y serán costeadas con la financiación prevista en el Área de Renovación Urbana (ARU), que se puso en marcha en 2009 para la reposición de las casas.
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, confirmó que se van a tapiar una serie de casas que se encuentran "abandonadas y en estado ruinoso" para impedir que se metan okupas y se deterioren aún más, puesto que ello pondría en peligro la seguridad de estas personas y de los vecinos que habitan las casas colindantes.
Doreste añadió que los tapiados se van a realizar, tras la petición de vecinos, que se han quejado al Ayuntamiento. Un total de 27 casas del extinto patronato Francisco Franco han sido tapiadas, desde que sus antiguos ocupantes las abandonaron para irse a vivir las nuevas viviendas de La Galera, las únicas del ARU que se han terminado hasta ahora.
Javier Doreste tiene previsto reunirse próximamente con los vecinos, que han pedido un encuentro para que les aclaren como se va a llevar a cabo la reposición y reclamar que se de prioridad, cuando se ocupen las 72 viviendas que están a punto de terminarse, a las personas que tienen problemas de movilidad. Juan Francisco Guzmán, miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Las Medianías, calcula que un 15% de los habitantes de las casas baratas de Tamaraceite tienen dificultades para caminar. "Hay muchísimas personas que están en sillas de ruedas y que no pueden moverse y viven secuestrados en sus casas. Estas personas deben tener prioridad", resaltó Antonio Rodríguez, presidente de la plataforma Platamaraceite.
La otra queja de la plataforma es la obligación de pagar por las casas entre 6.000 y 8.000 euros, según lo establecido en el convenio que se firmó en 2009, que fija que los dueños de las casas aportarían el 18% del valor de las viviendas. Rodríguez acusó al concejal Doreste de incumplir su palabra de que nadie pagaría por sus casas.
El edil de Las Palmas de Gran Canaria Puede se defendió de las críticas asegurando que es imposible cambiar las condiciones de los adjudicatarios de las 72 viviendas que se están construyendo, porque es algo que figura en el convenio de esa fase. No ocurrirá lo mismo, sostuvo, con las 150 viviendas, que se harán a través de "un nuevo convenio, porque me parece canallesco que estas personas con escasos recursos tengan que pagar por unas casas que sustituyen a las suyas", afirmó.
Otros miembros de la plataforma, como Vicente Naranjo e Ismael Sánchez, reclamaron también al tripartito que estudie la propuesta que les hizo en su día la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, para construir las casas. También plantearon la posibilidad de que el Ayuntamiento compre viviendas de la zona que están sin terminar o construidas y vacías.
