Un jurado popular ha absuelto al funcionario de prisiones que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Las Palmas por un delito de cohecho.

La Fiscalía solicitaba cuatro años y medio de cárcel para José Miguel B. A., pero el tribunal no considera probado que el funcionario se dejase sobornar por un recluso de Salto del Negro para introducir móviles en la cárcel y venderlos (el uso de teléfonos está prohibido).

El jurado también considera inocente a José Ramón G. R. al no estar acreditado que le pagase al celador de prisiones 1.000 euros por meter los móviles.