Un jurado considera inocentes al funcionario de prisiones José Miguel B. A. y al preso José Ramón G. R., juzgados por un delito de cohecho por intentar introducir teléfonos móviles en el centro penitenciario de Salto del Negro donde su posesión y uso están prohibidos. Al considerar el tribunal que las pruebas expuestas durante la celebración de las diferentes sesiones del juicio han sido insuficientes para condenar a los dos acusados, la magistrada presidenta declaró, de viva voz, una sentencia absolutoria en el acto.
Tanto al funcionario, defendido por el abogado Javier Yagüe García, como al preso, representado por el letrado Juan José Roma Gijón, se les imputaba un delito de cohecho. Según el jurado, no ha quedado probado que los dos acusados se confabularan para introducir móviles en la cárcel.
La Guardia Civil había iniciado una investigación en la que realizaron escuchas telefónicas, gracias a las cuales determinaron que se produciría un encuentro entre los dos imputados el 29 de noviembre del año 2012. En dicha reunión, varios miembros de la Benemérita relataron, durante la vista oral, que el preso entregó, al menos, una bolsa y dinero al funcionario, quien luego fue arrestado por la Guardia Civil.
En la detención se le incautó, además de otros efectos personales, la bolsa, en la que los agentes encontraron tres teléfonos móviles y un cargador, entre otros aparatos; 1.000 euros repartidos en 20 billetes de 50; y cuatro bolsitas con cocaína en su interior.
Dependiendo de la versión de cada una de las partes, este encuentro entre los dos acusados se desarrolló de una forma y con objetivos diferentes. Según el Ministerio Fiscal, el preso le entregó los móviles y demás aparatos en la bolsa y 1.000 euros como pago por los servicios -la introducción de los teléfonos en el centro penitenciario de Salto del Negro-.
La versión de José Miguel B. A., quien reconoció sufrir de adicción a la cocaína en la época en la que se desarrollaron estos hechos, es que lo que hizo durante la reunión fue comprarle dos bolsitas de esta droga al otro acusado, a cambio de 100 euros, mientras que tanto este dinero como los 1.000 que encontró la Guardia Civil en su chaqueta los había recibido del arrendatario de una vivienda suya en alquiler. Asimismo, apuntó que los aparatos hallados en la bolsa no se los había entregado el preso, y que se disponía a venderlos en una tienda de artículos de segunda mano.
José Ramón G. R., por su parte, aseguró que durante el encuentro únicamente le entregó en efectivo 1.000 euros al funcionario, quien se los había pedido prestados con anterioridad, y que no hubo intercambio de ningún otro objeto en ese momento.
El fiscal pedía para ambos cuatro años y medio de prisión e inhabilitación de 10 años para empleo o cargo público para el funcionario.
