El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado ingresar 40 millones de más que, sin embargo, no puede gastar. El motivo es el techo de gasto que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria que entró en vigor en 2012 y que obliga a los consistorios a reservar una parte de su superávit para hacer frente a gastos imprevistos y que, en el caso de la capital, se trata de 26 millones de euros, según explicó el primer teniente de alcalde, Javier Doreste. A esta cuantía, además, hay que sumarle otros diez millones para el pago de sentencias por expropiaciones de años anteriores, así como unos 15 para afrontar la deuda bancaria. El también concejal de Urbanismo confesó sentir "rabia", por no poder destinar este dinero "a las inversiones sociales".
El pasado sábado, Doreste hizo público su malestar a través de su cuenta personal de Twitter. "A veces me da rabia no cumplir con las expectativas de tantos que nos apoyaron. No tenemos dinero ni la fuerza suficiente para cumplir", se puede leer aún en su perfil. Su descontento, contó, se debe en parte a esta normativa impuesta por el Gobierno central que bloquea una gran cantidad. Pero también tiene que ver con el ámbito burocrático que "lo dificulta todo", señaló. "Cuando queremos hacer una modificación de una norma para beneficio de los ciudadanos, hay que pedir una serie de informes que retrasan todo en el Ayuntamiento, sobre todo, por la escasez de funcionarios", apuntó el edil de Las Palmas Puede (LPGC Puede).
Aún así, Javier Doreste aseguró que el Consistorio capitalino ha recibido felicitaciones ciudadanas por una mayor facilidad en lo que se refiere al alquiler de viviendas sociales. "De hecho, para los últimos meses del año, hemos ingresado 300.000 euros destinados a evitar que se desahucie a la gente, mediante el pago de alquileres de emergencia", añadió.
Esta cantidad ha permitido ayudar a 200 familias más de la capital grancanaria, según anunció hace unas semanas el Ayuntamiento. Y es que estos 300.000 euros de los que habló Doreste supusieron un incremento del 42% con respecto a la previsión inicial del presupuesto de este ejercicio económico, fijado en 700.000 euros, con el que ya se atendía a 500 familias. No obstante, a pesar de estas 700 ayudas, en la actualidad hay más de 2.000 solicitudes pendientes. De ahí que el teniente de alcalde haya reiterado que siente "rabia" ante la imposición del gobierno de Mariano Rajoy de una norma sin la cual "se podría destinar más dinero" a temas de ámbito social, como es el de la vivienda.
Hasta hace unos años, los ayuntamientos sí podían disponer al final de año de su remanente. Algo que, en algunos casos, se traducía en déficit público al no poder hacer frente a los gastos imprevistos. Pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a preservar su superávit para evitar las deudas.
