El gasto social, la inversión y la devolución al personal municipal de parte del dinero que se le ha recortado en los últimos años se llevarán el incremento del presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria para el próximo año. Sólo las inversiones y las políticas sociales experimentarán un incremento de al menos nueve millones el próximo año, un aumento que el gobierno tripartito destinará a reducir la brecha social, mediante la generación de empleo que traerán consigo las obras y la potenciación de las ayudas y la atención a los más desfavorecidos. La inversión crecerá cuatro millones y las políticas sociales tendrán cinco millones más.

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, rechazó ayer el techo de gasto impuesto por el Estado porque impedirá al Ayuntamiento inyectar en el municipio 28 millones de ingresos que percibirá de más, gracias al incremento de los ingresos procedentes del Estado y el Gobierno de Canarias. La ciudad recibirá en total el próximo año unos 342,06 millones de euros, pero sólo podrá gastar 314,06 millones. Esto significa que el gasto sólo podrá subir un 1,8% (5,4 millones más) con respecto al de este año, pese a que los ingresos se incrementarán en un 8,2% (28 millones más). El regidor se quejó de que este freno del Estado a las administraciones locales, para "cubrir la incapacidad del Gobierno de España de cumplir con el déficit" que le marca la Unión Europea, "va a impedir a la ciudad beneficiarse del efecto multiplicador sobre el empleo que tendría la inversión de esos 28 millones".

El presupuesto de 2016, sostuvo Hidalgo, "busca orientar a esta ciudad hacia un nuevo horizonte, en el que contamos todos". "El objetivo primordial", resaltó, "es reducir de forma sustancial la brecha de la desigualdad. Los pilares sobre los que se va a sustentar este presupuesto son la participación ciudadana, la mejora de los servicios públicos, las inversiones para la generación de empleo ligadas a proyectos europeos y, sobre todo, el bloque social".

El alcalde no cuantificó el dinero con el que contará el plan de rescate social que anunció el tripartito como una de las columnas centrales del pacto de gobierno, argumentando que el mismo será presentado "en breve".

En cualquier caso, el mayor incremento del gasto social está provocado por la ayuda a domicilio, las ayudas de emergencia y la puesta en marcha del IBI social y la tarifa social del agua de abasto. La ayuda a domicilio crecerá en 1,6 millones de euros y alcanzará los 8,2 millones. Las ayudas de emergencia superarán los cinco millones.También habrá una partida de 1,7 millones, de nueva creación, para bonificar del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las personas con escasos recurso y otra de 300.000 euros para subvencionar el pago del agua de abasto. Las ayudas de alquiler crecen 300.000 euros si se comparan con el presupuesto inicial de este año de 700.000 euros, pero en realidad se mantendrá igual, porque hace un mes se inyectaron 300.00 euros más para poder hacer frente a las solicitudes de 200 familias más. La cifra es insuficiente para hacer frente a las demanda de más de 2.000 personas.

En las políticas sociales se incluye la renovación de 155 casas baratas de Tamaraceite (6,3 millones) y la rehabilitación de 192 viviendas en Escaleritas (941.960 euros).

El municipio contará el próximo año con casi 38,2 millones para inversiones, entre las que destaca un millón de euros para realizar el proyecto de la guagua exprés; algo más de un millón para el paseo peatonal de la Cícer y 2,4 millones para la urbanización del entorno del Acuario. El Ayuntamiento ha consignado también una partida de 761.000 euros, la aportación municipal para los proyectos europeos que se van a solicitar, entre ellos el de Ciudades Inteligentes y la regeneración del Cono Sur. El capítulo de Personal crece en 3,2 millones, que se destinarán a devolver el 50% de la paga extra que se quitó a los trabajadores muncipales en 2014 (2,2 milones) y a reintegrar un 33% de los salarios que fueron recortados a través de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2014 anulada por los tribunales. En 2016 se pagarán 940.000 euros de los tres millones pendientes.