El empresario Miguel Ángel Ramírez compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria por la ampliación de la querella presentada en 2013 contra Seguridad Integral Canaria. El presidente de la UD Las Palmas y dueño del Grupo Ralons estaba imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública que se corresponden con los años 2008 y 2009, pero, tras los nuevos informes aportados en verano por la Administración Tributaria y la Seguridad Social, el juez ha citado a Ramírez para interrogarlo por las liquidaciones de 2010, 2011, 2012 y 2013.
El empresario, por tanto, está formalmente imputado por seis delitos contra la Hacienda Pública (de 2008 a 2013) y cinco delitos contra la Seguridad Social (de 2009 a 2013). Ramírez, igual que en su comparecencia anterior, niega que defraudara a ambos organismo mediante el pago de las horas extraordinarias a sus vigilantes camufladas en dietas.
Ramírez contestó a las preguntas del juez instructor, Salvador Alba, de la fiscal de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos, del abogado del Estado y del letrado de la Seguridad Social, pero se negó a responder al resto de acusaciones, entre ellas la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), que denunció los hechos en Fiscalía.
Intereses de sus competidores
El empresario rechaza que su compañía haga horas extraordinarias y atribuye su imputación a los interés de sus competidores. También asegura que los informes de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social están elaborados sobre datos erróneos. Su abogado, José Antonio Choclán, que ayer se desplazó desde Madrid a la capital grancanaria para defenderlo, presentará una pericial económica para contradecir las conclusiones de Hacienda y la Seguridad Social.
Ramírez acudió al juzgado a primera hora de la mañana, donde se presentaron varios miembros del sindicato denunciante y le increparon a su entrada a la Ciudad de la Justicia. También estaba prevista la comparecencia de Héctor de Armas, que es el actual gerente de Seguridad Integral Canaria, pero su interrogatorio se aplazó hasta el viernes por motivos de salud. Asimismo queda pendiente formalizar la imputación de la compañía como persona jurídica.
Según la Administración Tributaria y la Seguridad Social, la empresa pagaba las horas extraordinarias a sus vigilantes como si fueran dietas y kilometraje, las cuales están exentas de tributar y de cotizar. Los peritos calculan que el supuesto fraude a las arcas públicas supera los 20 millones. Ramírez, en cambio, lo niega. Es más. Asegura que su asistencia ayer al juzgado sólo obedece al cambio de magistrado. Salvador Alba, que sustituyó el mes pasado a Victoria Rosell, se hizo cargo del caso el mes pasado. La fiscal llevaba desde junio pidiendo su compareciera para que diera una explicación sobre los nuevos informes.
