El pago de viejas expropiaciones y operaciones fallidas, como la concesión del campo de golf de La Minilla, obligará a un desembolso de 15,4 millones en 2016, lo que impedirá a la ciudad gastar más dinero en políticas sociales, inversiones y en mejorar los servicios. A estas obligaciones que provienen de pasados ejercicios se añade la limitación estatal del techo de gasto, que impedirá a la ciudad invertir 28 millones de euros más, pese a que los ingresos empiezan a crecer de manera significativa después de más de seis años de recortes. El gobierno tripartito, que ayer aprobó en solitario el presupuesto de 2016, se escudó en estas razones, entre otras, para justificar que no se destine más dinero a inversiones y a políticas sociales. El Partido Popular (PP), por su parte, rechazó los presupuestos, que calificó como los de la "hipocresía social" y el "catastrazo"; Unidos por Gran Canaria (UxGC) los criticó por "poco sociales" y "poco participativos" y Ciudadanos (C's) consideró que son "una continuación" de las políticas del Partido Popular. Los tres grupos votaron en contra.
Se trata de un presupuesto que contempla un gasto de 314 millones (5,4 millones más de euros más que este año) y unos ingresos de 342 millones. La concejala de Presidencia y Seguridad, Encarna Galván, destacó la "vocación social" con la que nacen estas cuentas que, aseguró, incrementa en más de cinco millones el gasto para las políticas sociales, que se centrarán en el aumento de la ayuda a domicilio, el mantenimiento y la seguridad de los colegios, la creación del IBI social y la tarifa social del agua, las ayudas de alquiler y el bono social de deportes. "Es un presupuesto que pretende dar respuesta a las principales necesidades de los ciudadanos. Hay que estar más pendientes de los que peor lo pasan ", dijo la socialista Galván, que no explicó las causas de la ausencia en el presupuesto del plan de rescate social, la columna central del pacto de gobierno entre el PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias. Preguntada por el asunto, manifestó que "lo que viene en el presupuesto es la base, la dotación económica para desarrollar el plan de rescate social. Llevamos meses trabajando en el plan, ya tenemos dotación económica y próximamente se presentarán los objetivos, la estrategia, las acciones y como se va a fijar estas partidas en ese plan de rescate social".
Por su parte, el concejal del Partido Popular, Ángel Sabroso, como el portavoz del grupo, Juan José Cardona, resaltaron que el presupuesto del tripartito "consagra" el catastrazo. Se trata, dijo Sabroso, de un presupuesto "triste, sin ambición, lleno de clichés y carente de proyectos" que impulsen el empleo y el crecimiento de la ciudad. "Este presupuesto consagra que siete millones de euros no volverán a los bolsillos de todos los ciudadanos, porque este gobierno ha subido el valor catastral un 10%, con la excusa de que no podía bajar el techo de gasto, pese a que tendrá 26 millones más de ingresos", criticó Sabroso, que consideró que las ayudas de emergencia no se mantienen con la misma partida de este año, frente a la afirmación de Galván, que aclaró que será el Cabildo el que financiará el incremento en un millón de la partida, que dispondrá de un total de 4,8 millones de euros.
El PP presentó siete enmiendas, que fueron rechazadas, en las que plantearon, entre otras cuestiones, el incremento en 2,2 millones de las ayudas de emergencia; 2,7 millones más para inversiones y 300.000 euros más para empleo.
Igual de crítica se mostró la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, quien preguntó dónde quedó la vocación supuestamente participativa del gobierno tripartito. "Ni siquiera la oposición ha tenido la oportunidad de consesuarlo", dijo la edila, quien resaltó que se trata de un presupuesto "continuista" del que esta en vigor, con una "nula consignación presupuestaria para crear empleo. Los problemas sociales y la desigualdad no se pueden resolver sólo con ayudas, sino con la creación de empleo y sólo se destinan 200.000 euros para la ampliación del centro de emprendedores de El Sebadal".
Por su parte, la portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, volvió a criticar al tripartito su falta de firmeza a la hora de reclamar al Catastro que incorpore las nuevas fincas, cuya falta de inscripción ha supuesto la pérdida de 26 millones a la ciudad en los últimos cuatro años. "El IBI seguirá sin cobrarse a los que más tienen. ¿Dónde está la mejora de la gestión de los recursos?. ¿Dónde están los ingresos para compensar lo que ha cobrado de más Santa Cruz de Tenerife por el censo fantasma?", preguntó Batista, que afirmó que el proyecto es "un copia y pega del presupuesto de 2015. Me hubiera gustado que en lugar de maquillar las cifras, hubieran hecho una política de ingresos como es debido".
El concejal de Empleo y Turismo, el nacionalista Pedro Quevedo, se defendió de las críticas de la oposición sobre la falta de fondos para empleo y acusó al PP de "tratar de confundir las cosas. En Empleo no necesitamos más dinero, lo que necesitamos es no gastarlo en boberías, y en Turismo, igual".
El primer teniente de alcalde y miembro de Las Palmas de Gran Canaria Puede, Javier Doreste, defendió el contenido "social" del presupuesto. "Todos los recursos que el Ayuntamiento podría tener para mejorar sus políticas sociales", advirtió, "se ven detraídos por las políticas del anterior gobierno, que nos deja la hipoteca de la RPT" anulada por los tribunales, lo que obliga a devolver lo recortado a los trabajadores, "y la política del PP en Madrid, que nos imponen las leyes del techo de gasto y de estabilidad financiera".
