"No nos van a amedrentar". Así se expresó ayer Javier Doreste, concejal capitalino de LPGC Puede, en el programa Hoy por hoy El Drago de la Cadena Ser, sobre la agresión que sufrió su compañero Jacinto Ortega el pasado día 10 de diciembre. El también primer teniente de alcalde vinculó este lamentable suceso con la labor que desarrolla el edil de Cohesión Social para que las empresas adjudicatarias del Ayuntamiento sean transparentes, pero no señaló a ningún empresario en concreto, más bien considera que algún "vende favores" creyó favorecer a alguien con esta acción.

Uno de los puntos que llevaba como seña de identidad la formación que integran Doreste y Ortega es que las compañías que prestan servicio al Ayuntamiento fueran exquisitas en el cumplimiento de la ley en materia laboral, fiscal, medioambiental, etc. Hasta tal punto que, desde algunos sectores, se sembró la duda de si la llegada del tripartito iba a significar la rescisión del contrato de algunas de estas firmas. Los tres partidos tranquilizaron a los empresarios y la sangre no llegó al río.

Ortega, que fue sindicalista en el sector de la seguridad privada, es el encargado de velar por la transparencia de los contratos y es ahí donde Doreste sitúa el núcleo del problema, aunque el caso está aún investigándose. Sin embargo, el primer teniente de alcalde descarta que la profesión del concejal agredido tenga algo que ver con los hechos, que se produjeron tras el mitin de Pablo Iglesias en Guanarteme. Para el también responsable de Urbanismo, algún "vende favores" quiso congraciarse con alguien y actuó por su cuenta. El pasado jueves unos encapuchados apalizaron a Ortega, que sufrió golpes por todo el cuerpo y que, al día siguiente, presentó una denuncia en la comisaría.

En relación a las empresas adjudicatarias, precisamente ayer Javier Doreste recibió en su despacho de las Oficinas Municipales a los portavoces del los sindicatos USO, Intersindical Canaria y UGT que representan a los trabajadores de la compañía encargada del servicio de limpieza de los colegios públicos del municipio.

El edil "pidió reunirse con los representantes sindicales tras presenciar una protesta de los trabajadores a las puertas del Ayuntamiento, porque, según aseguran, la empresa adjudicataria del servicio municipal no les ha abonado la última nómina con el argumento de que la Corporación no ha pagado previamente a la concesionaria", explico el Consistorio una nota.

Doreste negó a los representantes de los trabajadores que el impago que sufre la plantilla se deba a que el Ayuntamiento no haya abonado la mensualidad a la empresa concesionaria del servicio. "Comunicaremos la queja a la empresa y le notificaremos que esa forma de actuar no está bien vista por el grupo de gobierno. Pague o no el Consistorio, la concesionaria tiene que hacer frente a las obligaciones con sus empleados", afirmó el primer teniente de alcalde en el comunicado, donde no se especificó el nombre de la firma, que es Ralons, como aclaró Unidos por Gran Canaria en otra nota.

Y es que, según aclaró Unidos, el tripartito "estudia" una prórroga de la concesión del servicio a esta compañía, cuestión que el grupo criticó, ya que considera que se debe "someter" a la empresa a un estudio de las condiciones laborales de sus empleados.