La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas ha anulado la sentencia de absolución a un presunto ciberacosador de menores de Tenerife, Guillermo S. R., y obliga a la repetición del juicio. La Audiencia ha estimado el recurso presentado por el fiscal, José Antonio Díez, al que también se adscribió la abogada de una de las acusaciones particulares, Idoia Mendizábal.
En el nuevo juicio se tendrán en cuenta las pruebas ahora aprobadas por la Sala, que son las que alegó en su momento en su recurso el Ministerio Fiscal, que no estaba de acuerdo con la anulación de dichas pruebas y solicitó, además de la repetición de la vista oral, formular acusación en todos sus términos, esto es, incluyendo los hechos que afectan a todas las víctimas, y no solamente la declaración de la primera perjudicada, natural de la capital grancanaria -las otras 11 son tinerfeñas-.
En el ordenador personal del acusado, la Policía Nacional había encontrado material incriminatorio que afecta a esas otras víctimas. Estas son las pruebas que la juez anuló, entre ellas la entrada y registro, debido a que las direcciones IP se adquirieron sin autorización judicial, lo cual constituye una vulneración de derechos fundamentales.
El juicio, que se celebró en el Juzgado de lo Penal numero 1 de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de mayo, quedó visto para sentencia sin una prueba de cargo clara que acreditase los chantajes para obtener las grabaciones sexuales de las víctimas.
En su escrito de acusación original, el fiscal solicitaba para Guillermo S. R. hasta 40 años de cárcel por 11 delitos continuados de agresión sexual, un delito de tentativa de agresión sexual, un delito de grabación de imágenes sexuales de menores y otro de tenencia de pornografía infantil, si bien en la sesión celebrada en mayo reclamó solamente cuatro años de prisión por un solo delito tras haberse quedado sin material que probase los demás.
Por su parte, Mendizábal, la letrada de la familia que destapó el caso, reclamaba ocho años de cárcel, tres más por un delito de amenazas que no contemplaba la Fiscalía. La denunciante aseguró que se sintió forzada a grabarse mientras se masturbaba dado que el imputado la había intimidado con infligir daño a su familia. Tras esto, con el fin de conseguir un segundo vídeo, la chantajeó con difundir las imágenes a todos sus contactos si no accedía a esa segunda grabación.
