Los sindicatos de la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) e Intersindical Canaria (IC) mostraron ayer su condena a la paliza que sufrió el concejal de Cohesión Social y exsindicalista de IC, Jacinto Ortega, al que mostraron su respaldo, al tiempo que animaron al Ayuntamiento para que cumpla con su objetivo de vigilar y hacer cumplir a los contratistas privados los convenios colectivos y los derechos laborales de sus trabajadores.

Ortega achacó la paliza que le dieron do matones a su condición de concejal y su compañero de gobierno y miembro de Las Palmas de Gran Canaria Puede y de Podemos, Javier Doreste, fue más allá y vinculó la agresión con las nuevas condiciones de las contratas que sacará a concurso el Ayuntamiento, para introducir una mayor transparencia y una mayor vigilancia, que impidan los incumplimientos de los convenios y los descuelgues salariales.

Gustavo Santana, secretario general de UGT, condenó la agresión y se solidarizó con Ortega, que "ha sido un sindicalista importante" que ha defendido los derechos de los trabajadores de la seguridad privada. "Desconozco el trasfondo real de la agresión, pero las administraciones públicas deberían velar para que los pliegos de los concursos respeten los derechos laborales y los convenios colectivos y no devalúen los salarios del personal subrogado. Todas esas cuestiones deberían estar en los pliegos de cláusulas", sostuvo.

"Se debería hacer un estudio", sugirió, "para ver cuales son las empresas que cumplen los requisitos que marca la ley para participar en esos concursos".

Por su parte, Antonio Pérez, portavoz de CC OO, denunció que las rebajas que hacen las empresas para poder ganar los concursos, casi siempre traen como consecuencia la degradación de los salarios y las condiciones laborales de los empleados. "Las instituciones públicas son las primeras que no deberían permitir un empleo indecente, con contratos de algo más de 400 euros", dijo Pérez, que citó, sólo como un ejemplo, "la reducción de empleo que sufrieron las escuelas infantiles y la ayuda a domicilio desde que Ralons cogió el servicio". Finalmente, Sergio Melián, representante de IC en el Ayuntamiento, aplaudió que el gobierno tripartito "vigile las contratas de los servicios para que los convenios se cumplan. Esto debería ser aplicado de manera sistemática y si hay una empresa que no cumple, el Ayuntamiento debería sancionarla. Condenamos cualquier tipo de violencia en un estado democrático".